TERUEL, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Teruel ha denegado la medida cautelar de suspensión del Plan Provincial de Obras y Servicios 2011 solicitada por el diputado no adscrito de la Diputación Provincial de Teruel, Joaquín Moreno.
El auto, hecho público este viernes por esta instancia judicial, "deniega la medida cautelar solicitada, puesto que la suspensión perjudicaría gravemente al interés público, interés que debe primar sobre el hipotético perjuicio que podría conllevar a contratistas y entidades locales beneficiarias".
Además, indica que la suspensión de la ejecución de este plan provincial, cuyo importe asciende a 7.990.234 euros, perjudicaría tanto al interés general provincial, como a los 128 municipios turolenses afectados, ha informado la Diputación Provincial de Teruel (DPT) en un comunicado.
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Teruel entiende, así mismo, que paralizaría su actividad, recursos y proyectos. El texto del auto indica que esta medida perjudicaría al servicio público, dado que "estos municipios han obtenido a través del plan la correspondiente subvención estatal para realizar obras locales y hay que tenerse en cuenta la notoria escasez actual de recursos municipales".
Una vez que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Teruel deniega la medida cautelar solicitada por el diputado no adscrito, Joaquín Moreno, los 128 municipios de la provincia, incluidos en el Plan Provincial de Obras y Servicios de este año, pueden iniciar la tramitación administrativa de los proyectos que recibirán ayudas del mismo.
El equipo de gobierno de la DPT ha mostrado su satisfacción por este auto judicial, que "evita el grave perjuicio que tal medida provocaría a la provincia de Teruel".
El Plan de Obras y Servicios 2011 "no sólo garantiza la calidad de los servicios municipales que demandan los vecinos y vecinas del medio rural, sino que, además, generan actividad para las pequeñas empresas que crean empleo y fijan población en el medio rural turolense", han señalado desde el equipo de gobierno de la Institución provincial.
Así mismo, han agregado, "queda garantizada la aportación del Gobierno central, que, de haber sido aceptada la suspensión cautelar, tendría que darse por perdida".
