Llamazares exige a Zapatero que se pronuncie en nombre del Gobierno sobre los "indicios de corrupción" en Seseña

MADRID 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, reclamó hoy al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que tanto él como los responsables competentes de su Gobierno se interesen de una vez por el denominado "caso Seseña", denunciado por IU en Castilla-La Mancha ante los "claros indicios de corrupción urbanística" detectados en él.

En este sentido, consideró que sería "de pura lógica política y una muestra de responsabilidad no demostrada hasta ahora" que este tema se trate en la entrevista que Rodríguez Zapatero mantiene con el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, José María Barreda, informó Izquierda Unida.

"En caso contrario --afirmó Llamazares-- y si no hay ninguna manifestación pública al respecto, será muy significativo y esclarecedor para comprobar por un lado cuál es la posición del Gobierno y para ratificar, por otro, la más que decepcionante actuación del PSOE en este grave asunto".

En opinión del coordinador general de IU, el "caso Seseña", por su envergadura, "podría ser emblemático de una práctica urbanística plagada de irregularidades, que requiere una investigación en profundidad por parte de los poderes públicos".

"A la Justicia, y muy especialmente a la Fiscalía Anticorrupción, le corresponde investigar esta operación especulativa, en la que a juicio de IU podrían concurrir delitos de prevaricación, cohecho, malversación, tráfico de influencias, delito contra la Hacienda pública, alteración del precio de las cosas y trato de favor a una empresa urbanizadora", declaró.

En este sentido, Gaspar Llamazares reclamó al Gobierno que, además de la nueva Ley de Suelo y el endurecimiento del régimen de incompatibilidades, declaración de bienes y actividades privadas de alcaldes y concejales, promueva antes de las elecciones municipales de 2007 un Pacto de Estado contra la corrupción urbanística.

Finalmente, dijo que IU empeñará su trabajo en este campo para lograr que el Ejecutivo lleve al Parlamento una batería de medidas legislativas y administrativas en materia urbanística, municipal, fiscal y penal, orientadas a la prevención y sanción rigurosa de estas prácticas delictivas.