MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha insistido este miércoles en que el Gobierno "no puede inmiscuirse ni dar su versión" sobre la solicitud del Tribunal Supremo al Congreso para que remita al Alto Tribunal el informe sobre la fecha de inicio de cumplimiento de la pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo impuesta al diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez.
La titular de Justicia ha explicado que el Ejecutivo no puede dar su versión "sobre algo que exclusivamente afecta al Poder Judicial o al Legislativo en este caso, a la mesa del Congreso".
"Somos poderes distintos y hay que respetar la división de poderes", ha trasladado Llop en declaraciones a los medios antes de acudir a la presentación del primer Tratado de Derecho y Envejecimiento, una obra coordinada desde la Escuela de Pensamiento de Fundación Mutualidad Abogacía.
Preguntada acerca de las palabras de Otegi en las que ha asegurado que apoyará los Presupuestos Generales del Estado si hay que hacerlo para sacar a los 200 presos, la ministra ha enfatizado que ahora mismo lo que hay que pensar es "que es imprescindible tener unos PGE, lógicamente, que vayan hacia la transformación, hacia el progreso de nuestro país". "Eso es también lo que estamos haciendo en el ámbito de la Administración de la Justicia", ha asegurado.
"Esperamos que se aprueben los PGE para transformar nuestro sistema judicial y que eso redunde en los juzgados y tribunales como motores de desarrollo y progreso social y que no sean vistos como obstáculos de ese progreso", ha añadido en esta línea.
En otra clave, sobre la renovación de los órganos constitucionales, Llop ha hecho hincapié en que "es deseable" que también se proceda a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. En cualquier caso, ha recordado que "a quien corresponde decidir los nombre es al Poder Legislativo".
PRESENTACIÓN DEL TRATADO DE DERECHO Y ENVEJECIMIENTO
Durante la presentación del Tratado de Derecho, Llop ha señalado la longevidad como uno de los retos más importantes a los que los países desarrollados van a tener que enfrentarse. En este sentido, ha señalado que se "deben crear instrumentos que cuiden a la generación que más ha contribuido al desarrollo económico, democrático y social de España". "Por ello, la actuación de los poderes públicos debe tener como ejes los principios de igualdad y de no discriminación", ha precisado.
En este sentido, Llop se ha referido al Plan Justicia 2030, que tiene en la accesibilidad uno de sus objetivos. Para ello, según ha explicado, el proyecto contempla la creación de las Oficinas de Justicia en los municipios, para que las personas que tienen dificultades para aproximarse al mundo digital tengan cerca quién les ayude a realizar sus trámites.
"Desde la Administración de Justicia estamos preparándonos para abordar el envejecimiento de nuestra sociedad", ha asegurado la ministra, que ha dado las gracias por el análisis exhaustivo sobre este tema que recoge el Tratado. La obra, cuyo prólogo ha sido realizado por Llop, examina los derechos y libertades de las personas mayores y ofrece una visión sobre sus necesidades normativas específicas.
Al acto han asistido también Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía, que ha participado en la elaboración del Tratado; Enrique Sanz Fernandez-Lomana, presidente de Fundación Mutualidad Abogacía; y Blanca Narváez, directora de Fundación Mutualidad Abogacía, entre otros.
