MÁLAGA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal encargado del caso 'Malaya', contra la presunta trama de corrupción en Marbella (Málaga), retomará este lunes el juicio, tras una semana sin vista oral. En esta nueva sesión, previsiblemente seguirá la declaración de la exalcaldesa Marisol Yagüe, que el último día comenzó a contestar las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción y protagonizó un careo con el supuesto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca.
El juicio se encuentra ya en el cuarto y último bloque, en el que se analiza fundamentalmente los supuestos pagos de empresarios al principal acusado a cambio de resoluciones urbanísticas favorables y las presuntas entregas de dinero de éste a los entonces ediles del equipo de gobierno tripartito --GIL, PA y PSOE--, que surgió tras la moción de censura presentada en 2003 contra el exalcalde Julián Muñoz.
Roca fue el primero en declarar y analizar los archivos intervenidos en la sociedad Maras Asesores, donde se refleja una supuesta contabilidad, admitiendo haber recibido dinero de constructores, pero por asesorarles en convenios o negocios en común. También reconoció haber dado dinero a los portavoces de los tres grupos políticos que formaban el equipo de gobierno, por orden del exalcalde Jesús Gil, con el fin de mantener la cohesión.
Los entonces representantes del Ejecutivo local que han declarado hasta ahora, como son Yagüe y los exediles socialistas Isabel García Marcos y José Jaén, han negado haber recibido dinero del principal acusado por ningún concepto. De hecho, tanto la exregidora como la que fuera concejala del PSOE mantuvieron careos con Roca, en los que éste mantuvo que le entregó dinero a ambas por orden de Gil para la unión del Gobierno local.
El careo entre García Marcos y Roca apenas duró un minuto, manteniendo ambos posturas contrarias sobre esos pagos; luego, la exsocialista justificó su patrimonio. El careo entre el principal acusado y Yagüe se desarrolló entre palabras de "cariño", pero ambos mantuvieron también versiones encontradas. Por otro lado, las dos acusadas defendieron las decisiones urbanísticas que tomaron y explicaron los motivos de la moción de censura.
En lo que respecta a los empresarios, el procesado Fidel San Román sí reconoció haber dado tres millones de euros a Roca para licencias de primera ocupación, pero la mayoría de estos acusados han negado los pagos recogidos en los archivos intervenidos en la investigación, admitiendo sólo en algunos casos y algunos de los procesados haber mantenido negocios en común con el principal acusado.
