MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -
El PP quiere que el Gobierno aclare la próxima semana ante el Pleno del Congreso qué medidas piensa adoptar en relación con el Ayuntamiento de Marbella (Málaga) tras la operación anticorrupción que se ha saldado con la detención de una veintena de cargos municipales, incluyendo a la alcaldesa.
Así, el Grupo Popular aprovechará la sesión de control al Gobierno del próximo miércoles, la última antes de Semana Santa, para pedir explicaciones al Ejecutivo.
La pregunta será formulada por la diputada Angeles Muñoz, que fue candidata del PP a la Alcaldía de marbella, y se plantea a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, si bien el Ejecutivo tiene potestad para decidir quién contesta.
DESCARTADAS LAS ELECCIONES ANTICIPADAS
El Gobierno no descarta promover la disolución del Ayuntamiento de Marbella, pero ya ha desechado la idea de convocar elecciones extraordinarias ya que, según fuentes del Ejecutivo consultadas por Europa Press y según las previsiones legales, no habría tiempo dada la proximidad de los comicios municipales previstos para mayo de 2007.
El artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local establece que el Consejo de Ministros puede acordar, "a través de un Real Decreto", la disolución de una corporación "a iniciativa propia y con conocimiento del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma correspondiente o a solicitud de éste y, en todo caso, previo acuerdo favorable del Senado" en el supuesto de "gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales".
Una vez acordada la disolución el Ayuntamiento, la Ley de Régimen Electoral determina en su artículo 183 que deberán convocarse elecciones parciales para constituir una nueva corporación "dentro del plazo de tres meses, salvo que por la fecha en que ésta debiera constituirse el mandato de la misma hubiese de resultar inferior a un año".
De acuerdo con los plazos que marca la Ley para la convocatoria de elecciones y la constitución del consistorio, en el caso de Marbella no sería posible que el nuevo Ayuntamiento estuviese funcionando a finales de mayo, fecha límite toda vez que las próximas elecciones municipales están previstas en el último domingo de mayo de 2007.
Para este supuesto, la Ley de Régimen Electoral General establece que "mientras se constituye la nueva corporación o expira el mandato de la disuelta, la administración ordinaria de sus asuntos corresponderá a una comisión gestora designada por la Diputación Provincial o, en su caso, por el órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente cuyo número de miembros no excederá del número legal de miembros de la corporación", mientras que "ejercerá las funciones de alcalde o presidente el vocal que resulte elegido por mayoría de votos entre todos los miembros de la comisión".
Dadas estas previsiones legales, el Gobierno opta por esperar qué dictamina la Justicia y, una vez que haya una decisión judicial, el Gobierno "aplicará las previsiones de la ley", según las citadas fuentes. Si finalmente el Ejecutivo opta por la disolución, la gestora designada por la Diputación Provincial de Málaga se encargaría de asumir la gestión de los asuntos de Marbella hasta los comicios ordinarios de mayo de 2007.
