Extremadura ha sido una de las regiones donde más víctimas se han contabilizado y ya adelantan que aún serán más
BADAJOZ, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (ARMHE) cree que el auto dictado por el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, en el que se declara competente para investigar los crímenes cometidos durante la represión franquista, pone en evidencia "las insuficiencias" de la Ley de la Memoria Histórica.
Así lo expuso hoy a Europa Press Televisión el abogado y presidente de esta asociación en Extremadura, Juan Manuel Corbacho, tras subrayar que para las asociaciones que "durante años" han estado trabajando en el país para la "reparación" de la memoria histórica de las víctimas caídas entre julio de 1936 y diciembre de 1951, la actuación del magistrado ha sido acogida "con gran satisfacción".
Al respecto, resaltó que la importancia de esta decisión radica en que "es la primera vez" que la Justicia española "reconoce algo sobre este tema" desde que se instaurara la democracia hace 33 años, por lo que, a su juicio "supone un antes y un después" para todos aquellos que desde diversas organizaciones vienen "luchando" por este reconocimiento.
También destacó el hecho de que el magistrado se haya basado en la misma "doctrina" en la que se ha "venido asentando" la Audiencia Nacional para examinar "supuestos de violaciones sistemáticas de derechos humanos en países como Chile, Argentina, e incluso el Tíbet", según apreció.
Por ello, confió en que "el recorrido final" de esta causa implique el "amparo para la justicia, las familias y las víctimas" represaliadas en la Guerra Civil y la dictadura franquista.
MÁS DE 10.000 CASOS EN EXTREMADURA.
Respecto a la comunidad extremeña, adelantó que aún "existen datos" de más desaparecidos y asesinados que "están en fase de depuración final", los cuales, según indicó, han sido recogidos por la propia Administración extremeña, que dispone de cifras "que superan los 10.000" casos que le han sido comunicados al juez Garzón.
Así, aprovechó para pedir rapidez en la tramitación de estos nuevos documentos para que "ningún desaparecido extremeño quede fuera" de este proceso.
Por otra parte, el historiador y también miembro de la ARMHE, Ángel Olmedo, valoró "muy positivamente" la decisión del magistrado de la Audiencia Nacional porque "viene a respaldar el trabajo de las asociaciones" de la memoria histórica y "pone en el punto de mira el respaldo" que debe existir "por parte del "Estado" a estas agrupaciones.
CUATRO FOSAS EN MÉRIDA.
Asimismo, explicó, junto a las fosas localizadas en el entorno del cementerio de Mérida que, desde el comienzo de la represión que ejercieron los sublevados, "se producen ejecuciones que se prolongan hasta los años 40", algunas de las cuales tuvieron lugar en el camposanto, donde fueron localizadas "cuatro fosas".
El resto de los cuerpos fusilados en la capital extremeña venían desde El Convento de Santo Domingo, emplazado en el centro de la ciudad y que por aquellos tiempos sirvió de presidio franquista.
Para concluir, este historiador manifestó su deseo de que "por fin" las víctimas "tengan reconocimiento público" porque, según apostilló, "es cuestión de derechos humanos", ya que a su parecer "no es lógico que haya personas tiradas por los campos".
