Avisa a Puigdemont: el Estado actuará "con firmeza y proporcionalidad"
BARCELONA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -
El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha valorado este viernes la posibilidad de aplicar el artículo 155 de la Constitución para suspender la autonomía de Cataluña: "Si una parte del Estado decide actuar contra el Estado, evidentemente hay maneras de defenderse".
En este sentido, ha avisado al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de que el Gobierno central "está preparado para reaccionar a tiempo con firmeza y proporcionalidad ante cualquier ilegalidad".
Se ha dirigido al conjunto de catalanes para mandarles un mensaje de "confianza y seguridad", y prometerles que el Gobierno central no les fallará en ningún momento ni permitirá que se vulneren sus derechos.
"Ningún funcionario estará jamás obligado a cometer actos ilegales, seremos firmes, no permitiremos ilegalidades ni listas negras ni coacciones", ha sentenciado ante la insistencia de Puigdemont en celebrar un referéndum sobre la independencia de Cataluña este año.
Ha subrayado que la voluntad del Gobierno central no es tener que llegar a suspender la autonomía de Cataluña, sino poder dialogar con el Gobierno catalán para buscar soluciones compartidas, y ha destacado que "la mejor manera de no tener que recurrir a la aplicación de este artículo --el 155-- es que todos cumplan sus obligaciones y ejerzan sus competencias" de acuerdo con la ley vigente.
Millo ha admitido que suspender la autonomía de Cataluña sería una situación traumática a la que el Estado no quiere llegar, pero ha avisado de que el Gobierno central tampoco será "ingenuo: No permitiremos que nadie secuestre a Catalunya en la espiral de la ilegalidad ni que se hagan listas de buenos y malos".
En un desayuno informativo de Fórum Europa Tribuna Cataluña presentado por el secretario general de Esade, Enrique López, un asistente le ha preguntado si no considera que se está actuando con poca contundencia contra los independentista, y Millo ha respondido que no y que "nadie debe tener la menor duda de que aquí no se vulnerarán derechos individuales porque el Gobierno tiene instrumentos y herramientas para impedirlo".
"Hay que encontrar un punto de equilibrio en las actuaciones, no quedarse corto ni pasarse de la raya", sino buscar una centralidad en la respuesta del Estado a las aspiraciones del Gobierno catalán de hacer un referéndum este año.
Preguntado por el plan del Gobierno avanzado por Europa Press para frenar el referéndum con medidas coercitivas como precintar colegios electorales, Millo ha dicho que "no ha habido ninguna declaración específica hecha por ningún miembro del Gobierno, son rumores que circulan, casuísticas que se podrían hacer".
DÍA DE LA MARMOTA
Millo considera que pedir que el Estado permita celebrar un referéndum es vivir en el día de la marmota porque se trata de "un debate superado", y ha recordado que el Congreso de los Diputados rechazó mayoritariamente en 2014 la posibilidad de permitir una consulta en Cataluña.
Asimismo, ha acusado al Gobierno catalán de querer generar confusión diciendo que un 80% de los catalanes quiere un referéndum independentista porque, según él, es sólo una minoría quien quiere que sea sobre la separación de España: "La gran mayoría no hablan de eso, hablan de otra cosa, por lo que el síndrome del '50%+1' es un error".
Por ello, cree que la hoja de ruta independentista es un camino que no lleva a ninguna parte y que "el referéndum no es la mejor herramienta para resolver los conflictos", sino que lo más oportuno sería sentarse en una mesa y dialogar leal y sinceramente.
Preguntado por la concreción que quiere darle el Gobierno a este diálogo, Millo ha defendido que lo mejor sería abordar las demandas que le trasladó Puigdemont al presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, y ha apostado por mejorar el sistema de financiación para que no haya desigualdades entre españoles.
"El Gobierno mantendrá la mano tendida si el Govern la quiere coger. Y si no la quiere coger, seguirá trabajando por los catalanes", ha sentenciado, y ha asegurado que el Estado está actuando con mucha madurez ante los populismos que protagonizan el panorama mundial.
Ha citado las elecciones en Estados Unidos, el 'Bréxit' y los proteccionismos en el comercio internacional, y ha destacado que, sean de derechas o izquierdas, los populismos comparten cinco elementos: plantean que la ruptura es el único escenario posible, substituyen la transversalidad política por la bipolarización ideológica, buscan enemigos exteriores, proponen "recetas mágicas" y se erigen como la única voz de todo un pueblo.
"En España hemos elegido la hoja de ruta opuesta, la del diálogo, el consenso y el acuerdo. El diálogo ha venido para quedarse" porque el problema entre la Generalitat y el Estado es administrativo y no puede extrapolarse a los ciudadanos, entre los que no existe conflicto alguno, ha considerado.
Y ha resumido la hoja de ruta que él defiende: "Construir un futuro mejor juntos desde el diálogo, sin imposiciones ni rupturas y con pleno reconocimiento de las diferencias y y particularidades históricas de cada uno".
También ha reflexionado sobre si el proceso soberanista repercute en las inversiones extranjeras, y ha apuntado a que el independentismo "no tiene credibilidad en el extranjero" y que por eso no se han visto afectadas excesivamente estos años, mostrándose convencido de que podrían ser mayores si no existiera esta situación política.
MANIFESTACIÓN POR EL 9N
Preguntado por la posibilidad de que haya altercados en la manifestación que han convocado el lunes las entidades soberanistas por el inicio del juicio al expresidente Artur Mas y las exconselleras Irene Rigau y Joana Ortega por el 9N, ha dicho que espera que no sea así, pero que en todo caso "los Mossos y el resto de fuerzas de seguridad están precisamente para proteger los derechos individuales de las personas cuando se producen hechos violentos".
Ante todo este panorama, Millo está convencido de que habrá elecciones anticipadas este año y lo lamenta: "Nos hemos acostumbrado a convocar elecciones cada dos años y es un mal hábito. Las legislaturas deben durar cuatro años para que haya estabilidad".
Andalucía
