MONTORO (CÓRDOBA), 12 Nov. (EUROPA PRESS) -
Desde que la Policía Local de Montoro (Córdoba) no ayuda en la ejecución de las órdenes judiciales de desahucio, tal y como acordó el Pleno del Ayuntamiento montoreño el pasado mes de junio, no se ha producido ningún desahucio más en la localidad.
Así lo ha destacado, en declaraciones a Europa Press el alcalde de Montoro, Antonio Sánchez Villaverde (PSOE), quien ha detallado que, al margen del intento de desahucio de la familia Ventura Aguilera, cuyo caso provocó la iniciativa municipal contra los desahucios, desde el pasado junio "se han producido dos intentos de desahucio más" en el municipio, si bien, "en ambos casos no llegaron a ejecutarse, tras alcanzarse acuerdos entre la entidad financiera y los propietarios" de las viviendas afectadas.
Ello se debió, según ha destacado Sánchez Villaverde, "a la presión de la Plataforma 'Stop Desahucios' y al apoyo del Ayuntamiento", hasta el punto de que hay un cuarto desahucio previsto en el municipio, "que ya se está negociando para evitar que llegue al juzgado", es decir, "ni siquiera sería un intento de desahucio", subrayando el alcalde de Montoro que su deseo es que estas situaciones no se repitan, en la confianza de que "se adopten nuevas medidas legislativas que paren los desahucios definitivamente".
EL ACUERDO PLENARIO
En concreto, el acuerdo de Pleno, que se está aplicando en Montoro desde el pasado junio, en base a una proposición del gobierno municipal del PSOE, ha determinado que, desde entonces, la Policía Local de Montoro no ayude en la ejecución de las órdenes judiciales de desahucio y que los servicios jurídicos del Ayuntamiento montoreño colaboren con aquellas personas que se vean afectadas por un desahucio, en especial cuando éste sea por motivos económicos y se refiera a vivienda única y habitual.
También se acordó el pasado junio por el Pleno "la eliminación del impuesto municipal de plusvalía y el impuesto de bienes inmuebles para las personas afectadas que sufran la pérdida de su vivienda en subasta y para aquellas que logren la dación de la vivienda en pago de la deuda, en aquellos supuestos que la Ley permita".
Junto a ello, se aprobó la "revisión de los protocolos de actuación de servicios sociales en casos de desahucio, y colaboración en pedir al juez la suspensión del desahucio cuando éste sea por motivos económicos y se refiera a la vivienda única y habitual".
Además, tras el acuerdo plenario y como consecuencia del mismo, el Ayuntamiento se dirigió formalmente a las entidades financieras "para exigirles la paralización de los desahucios y la condonación de deudas ilegitimas, fruto del actual proceso de ejecución hipotecaria".
