MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -
Miguel Argones, que fue representante del sindicato de la banca Csica en el Consejo de Administración de Novacaixagalicia, ha afirmado este jueves en la Audiencia Nacional que no vio necesario consultar la documentación relacionada con las prejubilaciones millonarias que cobraron algunos de los directivos de esta entidad antes de aprobar los contratos porque documentos habían sido supervisados por la Xunta y por el Banco de España.
Argones ha comparecido como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que investiga la presunta ilegalidad de las compensaciones y que le ha preguntado por su nivel de conocimiento de los contratos durante la reunión del Consejo de Administración que los ratificó, celebrado el 1 de diciembre de 2010.
Según fuentes presentes en la declaración consultadas por Europa Press Argones ha admitido que no se opuso a la ratificación de los contratos si bien no consultó la documentación sobre los mismos porque no dudaba de su legalidad, al haber sido supervisados por organismos reguladores y por la propia Xunta de Galicia. Se trataría de la primera ocasión en la que un testigo cita al Ejecuivo gallego en relación con este asunto, según las mismas fuentes.
Argones si se opuso, sin embargo, a la provisión de fondos que hubo que realizar para poder pagar las compensaciones. Ha explicado que lo hizo porque no conocía la cuantía de dicha provisión, si bien tampoco la consultó.
El martes el antiguo representante de CCOO en el Consejo , José Luis Regueiro, afirmó que él fue el único que votó en contra de las prejubilaciones porque desconocía la documentación e incluso la cuantía de dichas compensaciones, que no se desveló hasta casi un año más tarde. ** Más adelante, en agosto de 2011, además de Regueiro otros dos consejeros votaron en contra de las cantidades que hubo que aprovisionar para pagar las compensaciones. Se trata de José Luis Veiga, que declaró el miércoles, y de Miguel Argones, de Csica, que lo ha hecho este jueves. Mañana comparecerá también como testigo el presidente de Novagalicia Banco, José María Castellano.
CANTIDADES RECLAMADAS
** La Fiscalía Anticorrupción reclama a los exdirectivos imputados la devolución de las cantidades que considera percibidas indebidamente. Al exdirector general adjunto, Javier García de Paredes, le reclama 5,36 millones de euros, de los que cerca del 95% corresponde a los salarios devengados desde el 1 de julio de 2012 hasta el 29 de enero de 2025 --momento en que se podría jubilar--, que no podría haber cobrado anticipadamente por capitalización. ** Al exdirector general de la caja única, José Luis Pego, se le reclaman 1,44 millones de euros, una cantidad en la que se incluye una indemnización por premio especial por dedicación de 933.156 euros sin el visto bueno del Banco de España. ** Además, Anticorrupción reclama en la querella presentada 913.602 euros Gregorio Gorriarán, que se encargó del Grupo Inmobiliario tras la fusión de las dos antiguas cajas gallegas y 260.940 euros a uno de los responsables de la oficina de integración, Óscar Rodríguez Estrada. ** En las peticiones de devolución no aparece el que fuera presidente de Caixanova y copresidente de Novacaixagalicia, Julio Fernández Gayoso Gayoso, a quien atribuye cooperación en el plan de Pego, Gorriarán y Estrada para preparar su salida de la entidad. ** En su querella, Anticorrupción apuntó que los exdirectivos "dispusieron fraudulentamente de bienes de la entidad, ocultando al consejo de administración y al Banco de España el importe de sus prejubilaciones, y a las cuales en parte no tenían derecho, todo ello en menoscabo de la entidad crediticia que administraban y del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)". ** El Estado es propietario actualmente del 90,6% de la entidad, tras inyectarle 1.162 millones de euros en 2010 --en el momento de la fusión-- y otros 2.465 millones de euros en 2011, a través del FROB.
Tras la nacionalización, la auditora BDO realizó un informe en el que concluyó que la contabilidad de Novacaixagalicia no reflejaba su "verdadera" situación patrimonial y otras tres compañías la valoraron en 188 millones de euros, explica la querella de Anticorrupción.
