El Congreso tramitará el jueves la adaptación de normas europeas sobre tráfico de órganos, lucha contra el terrorismo y corrupción
MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -
Los partidos de la oposición en el Congreso de los Diputados han afeado este martes al Gobierno y al PP que pretendan acometer una reforma del Código Penal, una ley orgánica, a través de una proposición de ley y no de un proyecto de ley, es decir, sin acudir a los informes correspondientes de los órganos consultivos y sin consultar, en el caso de la lucha contra el terrorismo, con otros partidos políticos.
Así se lo han reprochado los grupos de la oposición que han intervenido en el debate de una proposición de ley del PP para la reforma de varios artículos del Código Penal con el objetivo de adaptarlo a la legislación europea en materias tan diversas como el tráfico de órganos, la lucha contra el terrorismo o la corrupción, el fraude financiero o la falsificación de moneda.
El debate de toma en consideración de la iniciativa ha tenido lugar este martes, pero el Pleno del Congreso no votará sobre la admisión a trámite hasta el jueves. Pese a criticar el proceder del Gobierno, el PSOE ha garantizado su apoyo a la tramitación, por lo que ésta está asegurada.
La diputada 'popular' Mari Mar Blanco ha sido la encargada de defender esta proposición de ley y desde la tribuna de oradores de la Cámara Baja ha pedido el apoyo del resto de grupos parlamentarios "para dar cumplimiento y asumir" la "responsabilidad" de España "como Estado".
En lo que respecta a la lucha contra el terrorismo, Blanco ha destacado la importancia de los cambios que se proponen "para ser todavía si cabe más eficaces": la proposición plantea imponer una pena máxima a los dirigentes de una organización o grupo terrorista superior a la regulación actual --de 14 a 15 años de prisión-- y una pena de inhabilitación de carácter absoluto.
Del mismo modo, la directiva obliga a incluir entre los delitos terroristas la falsedad documental, que no estaba prevista en el Código Penal, así como una regulación mucho más amplia del viaje con fines terroristas que en la legislación española no exige que tenga por destino un territorio controlado por terroristas. Y también se extiende la responsabilidad penal de las personas jurídicas a la comisión de cualquier tipo de delito de terrorismo, que sólo se preveía hasta ahora para los delitos de financiación del terrorismo.
ACUSACIONES A PODEMOS TRAS LA DISOLUCIÓN DE ETA
En este punto, la diputada del PP ha aprovechado para criticar la postura de Podemos al acusarle, a propósito de la reciente disolución de la banda terrorista ETA, de "apresurarse a hablar de cambios en la política penitenciaria y beneficios para quienes no se han arrepentido ni han ayudado a esclarecer los más de 300 crímenes sin resolver a día de hoy".
Según Blanco, que compatibiliza el escaño con la presidencia de la Fundación Víctimas del Terrorismo, ETA ha "tratado de escenificar su derrota como una victoria de manera obscena y humillante con la colaboración de algunos como Podemos".
El portavoz de Justicia de Unidos Podemos, Eduardo Santos, ha eludido contestar a la diputada. "Voy a hacer como que no he oído algunas de las cuestiones que se han achacado a mi grupo parlamentario", ha remarcado.
En cambio, sí ha reprochado al Grupo Popular que le "haga el trabajo" al Ministerio de Justicia, que es el que, a su juicio, debería proponer los cambios en el Código Penal mediante un proyecto de ley que contara con los informes favorables del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Además, el diputado 'morado' ha criticado que las modificaciones que se plantean son un "totum revolutum, no homogéneas y difíciles de abordar" en un debate parlamentario como es el que se plantea para una proposición de ley en el Congreso.
"FRAUDE DE LEY"
En parecidos términos se ha pronunciado el portavoz de Justicia del PSOE, Juan Carlos Campo, para quien el planteamiento del PP supone un "fraude de ley" sólo por "miedo a las sanciones" que pueda imponer el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) en caso de que no se apliquen las directivas comunitarias.
En concreto, el diputado socialista ha afeado que el Gobierno y el PP hayan "incumplido algo tan básico como el Pacto de Estado contra el terrorismo" al eludir consultar con el resto de partidos las modificaciones legislativas sobre este asunto. "No insulten a las instituciones", ha dicho, a pesar de lo cual ha adelantado el voto afirmativo del PSOE para que las directivas puedan ser implementadas.
Ciudadanos también ha anunciado su apoyo a la proposición de ley del PP, pero igualmente ha criticado la tramitación de esta reforma del Código Penal porque es un "acto debido", pero el diputado Marcial Gómez Balsera ha acusado a los 'populares' y al Ejecutivo de Rajoy del "poco compromiso" que demuestran con las instituciones europeas.
