MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Maite Pagazaurtundua, ha pedido al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que impulse la resolución de los más de 300 atentados terroristas que continúan sin juzgar desde el año 1978, sobretodo aquellos a los que quedan pocos años para prescribir.
Según ha explicado un portavoz de la Fundación de Víctimas a Europa Press, el ministro y Pagazaurtundua mantuvieron un encuentro en el Ministerio en el que la representante de las víctimas ha trasladado a Caamaño algunas de sus principales quejas y reivindicaciones.
En concreto, se ha centrado en los alrededor de 330 atentados que, según un estudio realizado por la Fundación, quedan todavía sin juzgar y de los que no existen datos oficiales. El estudio se basa en informaciones aportadas por las propias víctimas, en documentación no oficial y se centra en informaciones publicadas en los medios de comunicación y recogidas en libros como 'Vidas Rotas' (Espasa), editado recientemente y del que Pagazaurtundua ha llevado un ejemplar al ministro.
La presidenta de la Fundación ha explicado a Caamaño que la información disponible se encuentra dispersa entre los Juzgados de Instrucción, las secciones de la Sala de lo Penal, Fiscalía y el archivo de Alcalá de Henares.
Estos más de 300 atentados que todavía no tienen sentencia obedecen a que no se ha podido determinar la autoría de los mismos por desconocerse quiénes son o porque no han sido localizados y detenidos por las Fuerzas de Seguridad, lo que ha provocado el archivo de las correspondientes actuaciones judiciales.
El ministro ha manifestado su preocupación por esta situación y por los crímenes que están a punto de prescribir, ante lo que Pagazaurtundua ha reclamado un impulso para evitar la impunidad de estos atentados terroristas.
LAS VÍCTIMAS EN LA AUDIENCIA NACIONAL
La presidenta de la Fundación de Víctimas también ha trasladado a Caamaño por el descontento de las víctimas con la situación de la Audiencia Nacional, en la que se ven obligadas a compartir ubicación física con los terroristas y sus simpatizantes.
La nueva ley de reconocimiento y atención a las víctimas del terrorismo incluye un apartado en el que establece que se procurará que las víctimas no tengan relación directa visual o sonora con los imputados o acusados. "Los jueces y tribunales velarán y protegerán la dignidad y la seguridad personal de las víctimas en la tramitación del proceso, evitando la utilización de signos e inscripciones que puedan ofenderlas o denigrarlas", señala.
Además, reconoce el derecho de las víctimas a recibir información personalizada que le permita conocer el estado de los procedimientos que les afectan y de las acciones judiciales que pueden iniciar. Para ello, el Ministerio de Justicia deberá establecer una oficina de información y asistencia a las víctimas en la Audiencia Nacional.
Pero además, establece que se procurará que las víctimas no tengan relación directa visual o sonora con los imputados o acusados. "Los jueces y tribunales velarán y protegerán la dignidad y la seguridad personal de las víctimas en la tramitación del proceso, evitando la utilización de signos e inscripciones que puedan ofenderlas o denigrarlas", señala.
