SEVILLA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Parlamento andaluz debate el jueves 14 de septiembre una proposición no de ley del PSOE en la que se advierte de la necesidad de alcanzar un Pacto de Estado en materia de inmigración entre el Gobierno central, todas las fuerzas políticas, los agentes sociales y económicos, las comunidades autónomas y las corporaciones locales, con el fin de proporcionar al conjunto de la sociedad española una adecuada respuesta a la realidad de la inmigración en España sin que sea utilizada como arma electoralista ni como elemento de confrontación entre territorios.
En la proposición no de ley, a la que ha tenido acceso Europa Press, el PSOE insta al Parlamento andaluz a reclamar una "más consistente" implicación de la Unión Europea (UE), diseñando y llevando a cabo una auténtica política común de inmigración de carácter integral, que contemple tanto el control de fronteras como la lucha contra la inmigración irregular, la cooperación al desarrollo con los terceros países de origen, y los instrumentos y medios para hacer posible las políticas de integración.
El PSOE propone que la Cámara andaluza inste al Gobierno central a que solicite Ejecutivo central a que se incrementen los recursos presupuestarios destinados a las políticas de inmigración que lleva a cabo en el ejercicio de sus competencias tanto las comunidades como las corporaciones locales, tomando como criterio principal para su distribución la población afectada.
Asimismo, los socialistas piden al Gobierno andaluz que siga impulsando la ejecución del Segundo Plan Integral para la Inmigración en Andalucía como instrumento para dar respuesta a la integración entre población inmigrante y población de acogida, sin perjuicio de las competencias en materia de extranjería que corresponden a la Administración del Estado.
Por último, el Grupo Socialista defienden que el Parlamento andaluz inste a los distintos poderes públicos, a las fuerzas políticas y sociales, a los medios de comunicación y a la población en general, para que se lleve a cabo una sostenida y firme defensa de los valores democráticos y constitucionales frente a cualquier forma de racismo o xenofobia directa o indirecta.
