MADRID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -
Diputados de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y la mayoría del Grupo Mixto (Amaiur, ERC, BNG, Coalición Canaria y Compromís) han remitido sendas cartas al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y al fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, exigiendo la puesta en libertad de Alfonso Fernández, el único detenido durante la huelga general del pasado 14 de noviembre que continúa en prisión.
Los parlamentarios de estas formaciones, que este jueves están aprovechando sus intervenciones en la tribuna del Congreso para pedir la liberación del joven detenido en el barrio madrileño de Vallecas, han sacado su reivindicación a la calle junto con la familia y los amigos del detenido, que llevan más de un mes reclamando su salida de la cárcel de Soto del Real.
Alfonso Fernández fue arrestado el 14 de noviembre en la puerta de su casa cuando se disponía a participar en un piquete informativo. También se detuvo a su compañera, aunque 72 horas más tarde fue puesta en libertad con cargos. Él fue enviado a prisión acusado de "alarma social", según ha recordado su madre en declaraciones a los medios de comunicación a las Puertas del Congreso.
BUSCAN ATEMORIZAR A LOS MANIFESTANTES
La familia de 'Alfon', como se conoce al joven, considera que están utilizando su figura para "dar una lección" a todos los que llevan meses saliendo a la calle para defender los derechos sociales. "No toleramos esta represión ni esta criminalización propia de tiempos pasados y cuyo objetivo es atemorizar, amenazar o asustar para que los colectivos se desmovilicen a causa del miedo", ha advertido la madre del preso.
También ha agradecido su colaboración a todos los partidos que le están prestando apoyo. Según ha explicado, el PSOE también se ha solidarizado con su causa, aunque ninguno de sus diputados se ha sumado al acto de protesta que ha tenido lugar en la Carrera de San Jerónimo.
Tanto la familia como los diputados que se han sumado a la reivindicación denuncian que a Alfonso se le está aplicando el régimen de alta seguridad (FIES) y creen que ha sido víctima de un "error policial".
ESTADO POLICIAL
En sus cartas remarcan que, tras ser interrogado fue encarcalado por "alarma social", aunque después otro juez, "atendiendo a la no vigencia de esta figura penal desde 2003", prolongó su prisión preventiva por posible pertenencia a banda armada.
"Después de un mes prisión preventiva creemos que ha llegado el momento de su liberación inmediata, dado que existe arraigo y, por tanto ningún riesgo de fuga", explican, a la vez que denuncian que todo este proceso puede "poner en cuestión los derechos civiles de la ciudadanía", y que, a su juicio, se está sustituyendo paulatinamente "el Estado social y democrático de derecho por un estado penal y policial".
