Actualizado 08/12/2009 12:22 CET

Piden 10 años de inhabilitación para al alcalde de Almuñécar (Granada) por presunta prevaricación

GRANADA, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides (CA), se enfrenta a un nuevo procedimiento judicial por un supuesto delito de prevaricación por promover y ejecutar varias resoluciones administrativas en contra del Centro de Educación Ambiental 'Karanda S.L'. y el camping Carambolo, de los que es representante el edil de IU en el Consistorio, Fermín Tejero, toma de decisiones por la que la acusación particular, que ejerce el propio concejal, le solicita diez años de inhabilitación.

Asimismo, Tejero solicita la misma pena para el ex concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Almuñécar, Emilio González Pavesio, y, para un administrativo de la entidad local, F.O., pide siete años de inhabilitación, según consta en el escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press. Asimismo, y porque el camping ha permanecido cerrado desde 2005, el concejal solicita 60.000 euros por cada año de perjuicio y 10.000 euros más en concepto de daño moral, con el Ayuntamiento de Almuñécar como responsable civil subsidiario.

Según informaron a Europa Press fuentes del caso, la Fiscalía, sin embargo, no ha visto relevancia penal en los hechos, que la juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Almuñécar (Granada) si consideró que eran "motivos suficientes" para atribuir un delito de prevaricación al alcalde.

En su auto, que transformaba las diligencias abiertas en procedimiento abreviado, la juez vió además los mismos indicios de delito en la actuación de González Pavesio, y en la del administrativo de la entidad local, aceptando así la denuncia del edil de la formación de izquierdas que motivó la apertura de la investigación.

Así, de las diligencias practicadas se desprende, según consta en la resolución judicial, facilitada a Europa Press, que las citadas resoluciones se promovieron y ejecutaron "a sabiendas de su injusticia", por lo que puede considerarse "a prima facie" que existen indicios de prevaricación por parte de los imputados, que se sitúan a un paso de la apertura de juicio oral, que aún no ha sido señalado, según las fuentes consultadas.

Al respecto, el edil Fermín Tejero ya señaló el pasado mes de que abril que Benavides "le ha acosado y presionado institucionalmente" desde 2005 por mostrarse contrario al planeamiento urbanístico que proyecta para la ciudad y, concretamente, por negarse a que se otorgara la máxima edificabilidad a los terrenos donde se encuentra el centro 'Karanda S.L.', que son de su propiedad.

Relató entonces que el centro fue objeto de hasta cuatro inspecciones en un sólo día, un procedimiento que además consideró "infrecuente", al ser efectuado por "auxiliares administrativos y no por técnicos cualificados". Estas inspecciones, según explicó, finalizaron con un acuerdo de la Junta de Gobierno Local para del cese de la actividad del centro y el corte de suministros, asunto que Tejero denunció.

Fue cuando Tejero se negó a la destrucción de vegas agrícolas en el municipio y de que se diera a conocer una nota de la CGT criticando el campo de golf de la vega Río Verde cuando, según dijo, comenzó la situación que ha sido llevada ahora a los tribunales.

El edil también puso de manifiesto que durante este largo proceso de casi cuatro años, el expediente se perdió del Ayuntamiento durante mas de un año sin que pudieran consultarlo, lo que constituye , a su juicio, "una clara ilegalidad", ya que los expedientes "no pueden salir del Ayuntamiento y porque los afectados tienen el derecho de conocer todas las incidencias del proceso".

"Ante todas estas decisiones de la administración municipal, tenemos que defendernos y ante el silencio del Ayuntamiento hemos tenido que iniciar seis contenciosos administrativos, la mayor parte de ellos tramitándose, así como una la querella criminal. Mientras la empresa tiene que asumir el coste tremendo de estos procesos, el alcalde no tiene ningún problema en seguir acosándonos porque sus servicios jurídicos se pagan con dinero público" afirmó Fermín Tejero.

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