Piden diez meses de prisión para un urbano de Barcelona que puso dos multas falsas a una conductora

BARCELONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Barcelona juzgó hoy a un guardia urbano de la capital catalana por poner dos denuncias falsas a una conductora con la que previamente había discutido por teléfono. La Fiscalía pide diez meses de prisión para él y una multa de 360 euros, a pesar de que el agente pagó él mismo las dos multas de tráfico y retiró las sanciones.

El 12 de junio de 2007 el agente J.J.L.L., con 23 años de experiencia en el cuerpo y sin ninguna sanción interna, se discutió con la conductora de un turismo que había tenido un accidente con la hija del agente, que iba en ciclomotor.

Según el agente, la mujer no había presentado el parte de accidente, lo que, unido a problemas personales y familiares del policía, le puso "muy nervioso". Para "desahogarse", le puso dos multas falsas de tráfico de 300 y 150 euros.

Al arrepentirse, intentó retirarlas, pero al no conocer perfectamente el sistema informático de las PDA para poner multas, no las pudo quitar. Por ello, al mes siguiente pagó las sanciones y se presentó ante la Unidad de Régimen Interior de la Guardia Urbana para paralizar el expediente administrativo contra la conductora, que le podía suponer la retirada de puntos del carné de conducir. Finalmente, la sanción no llegó a la mujer.

Durante la vista oral de hoy, el urbano alegó una "gran obcecación" debido a la actitud "desagradable" de la mujer, quien supuestamente hizo "comentarios despectivos" hacia su hija.

La enfermedad de su padre y de su esposa le provocaban problemas de sueño, por lo que había visitado el servicio de ayuda psicológica de la Urbana. Tras la discusión con la mujer, introdujo "datos falsos" en su denuncia contra la conductora. No obstante, poco después le entró "pánico" y quiso retirarlas, aunque ya fue demasiado tarde.

Por todo ello, la Fiscalía le considera culpable de un delito de falsedad en documento oficial, por lo que solicita para él diez meses de cárcel, nueve meses de inhabilitación para cargo o empleo público y una sanción de 360 euros.