Piden tres años de cárcel para un abogado inhabilitado, acusado de estafar a clientes que lo creían en ejercicio

SAN SEBASTIÁN 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Gipuzkoa pide tres años de cárcel para un abogado inhabilitado, al que acusa de estafar hace dos años a dos hermanos que le abonaron casi de 17.583 euros en concepto de provisión de fondos creyendo que podía ejercer su profesión.

Según recoge el escrito del ministerio público, al que tuvo acceso Europa Press, el letrado había sido condenado en 2001 a tres años y medio de cárcel e inhabilitación especial para ejercer la abogacía durante el mismo tiempo.

En esa ocasión, el acusado había sido dado de baja en el Colegio de Abogados de San Sebastián por el impago de cuotas colegiales. Sin embargo, recibió encargos de cuatro personas, quienes le pagaron diversas cantidades de dinero que hizo suyas sin realizar las gestiones que le habían encomendado.

Los hechos por los que ahora es acusado ocurrieron presuntamente en los primeros meses de 2004, cuando esa sentencia condenatoria al letrado ya era firme. Dos hermanos contactaron con el acusado, al que conocían como abogado en ejercicio, y quien les ocultó que había perdido esa condición, además de decirles "mendazmente" que era socio de otros dos letrados, según señala el escrito fiscal.

Las víctimas le encomendaron la liquidación de la adquisición de herencia de un inmueble, así como otras gestiones. Entre febrero y septiembre de 2004, el acusado, "con un evidente ánimo de ilícito enriquecimiento", solicitó sucesivamente a los dos hermanos que le abonaran diversas cantidades como provisión de fondos, cuando en realidad "no había efectuado gestión alguna al respecto".

El acusado "se limitó a redactar tres papeletas de demanda de conciliación, sabiendo que en todas ellas la avenencia era inviable, y haciendo suyo el dinero percibido", añade el Ministerio Público. Por todo ello, el fiscal pide una condena de tres años de prisión por un delito de estafa, además de la inhabilitación durante el mismo tiempo y que indemnice a las víctimas con las cantidades sustraídas.