Piratas.- Requero (AN) dice que el Gobierno es "quien debe decidir" qué hacer con los piratas

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Requero, calificó hoy de "tremendamente complicada" la situación jurídica que se plantea con los piratas somalíes que están presos en España y dijo que la decisión, en virtud del régimen jurídico de la Operación Atalanta, corresponde al Gobierno de España, que es "quien debe decidir" si juzgar a los piratas aquí o entregarlos a un tercer país, Kenia, para que sean juzgados.

En declaraciones a la Cadena COPE recogidas por Europa Press, Requero argumentó que, a su juicio, estamos ante un caso "de política internacional, con un aspecto claramente militar" y que, en virtud de la Operación Atalanta, el que tiene la capacidad de decisión "es el Estado español" y, dentro de él, "el que ostenta la representación es el Gobierno".

Según el magistrado, "entre medias se ha metido una decisión jurisdiccional", indicó, en referencia a la detención ordenada por el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, "que ha traído aquí a dos señores y están en prisión provisional", por lo que "habría que desandar todo lo andado" para restituir al Gobierno "la decisión soberana" que se le ha "sustraído".

Asimismo, expresó que "el régimen jurídico de la Operación Atalanta, por el que España está en aguas somalíes, se debe a determinadas resoluciones de la ONU" que, a su vez se derivan de "la imposibilidad de Somalia de custodiar y guardar sus aguas jurisdiccionales". Por esta imposibilidad, la ONU hizo un llamamiento a la comunidad internacional y, como consecuencia, se puso en marcha la Operación Atalanta por parte de la Unión Europea, "que tiene mucha relevancia desde el punto de vista institucional", ha dicho Requero, "por ser la primera vez que la Unión pone en marcha una operación de carácter marítimo y militar", apostilló.

En este sentido, señaló que por esta operación, la UE tiene barcos destacados en el Índico en las aguas territoriales de Somalia con una idea, "que si un pirata de estos es detenido", quepan "dos posibilidades: o bien se le lleva a un país con el que haya acuerdo para que sea juzgado, que en este caso sería Kenia, o bien el estado que haya hecho el apresamiento puede decidir llevarlo a su propio territorio".

Finalmente, Requero confesó que "ahora mismo, la decisión es bastante complicada, puesto que no es un caso de piratería aérea", caso en el que "sí sería competente la Audiencia Nacional". En este caso, se mostró más partidario de llevarlos y dejarlos en manos de Kenia, puesto que, en su opinión, "dejarlos en libertad es algo que chocaría con el ordenamiento jurídico español".