Prevé que se discuta en el Parlamento en octubre la proposición de Ley para que las normas fiscales vascas sólo se recurran ante el TC
MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -
El PNV está dispuesto a negociar los próximos Presupuestos Generales del Estado con el Gobierno pero quiere que, previamente, pague algunos peajes, entre ellos, el "blindaje" de los tributos vascos, es decir, que las normas forales tributarias del País Vasco no puedan ser recurridas en los tribunales ordinarios, sino que sólo puedan serlo ante el Tribunal Constitucional, según informaron a Europa Press fuentes nacionalistas.
Se prevé que el próximo mes de octubre el Pleno del Parlamento tramite la proposición de Ley presentada el 1 de abril de 2008 por el Parlamento vasco en la Cámara Baja por la que se plantea la modificación de las Leyes Orgánicas del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial.
De hecho, en la agenda del Parlamento vasco de la próxima semana está la elección de tres representantes de la Cámara autonómica para que defiendan la iniciativa en Madrid, en el Congreso de los Diputados.
Precisamente, esta proposición de Ley, aunque lleva esperando un año y medio, se va a tramitar justo antes de que de comienzo la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para 2010.
La medida fue apoyada, además de por el PNV, por el PP y el PSE, quienes participaron activamente en la redacción del texto final. Sin embargo, los nacionalistas vascos quieren que el Gobierno se "retrate" en este asunto y, según las fuentes consultadas, esperarán a ver cuál es la posición definitiva del Ejecutivo antes de tomar una postura en la negociación presupuestaria.
En la exposición de motivos de la proposición de Ley se explica que las normas forales reguladoras de los distintos impuestos resultan "recurribles ante los tribunales de la Jurisdicción contencioso-administrativa, bien a través del recurso directo contra reglamentos, bien mediante la técnica del llamado recurso indirecto".
Esto, precisa el texto, "hace más vulnerables" las normas tributarias vascas en la medida en que dichos recursos son "utilizables por cualquier persona física o jurídica" que se sienta perjudicada. Añaden que esta situación "contrasta abiertamente con las normas tributarias del Estado, que tienen rango de Ley y, por lo tanto, sólo pueden ser impugnadas ante el Tribunal Constitucional por la reducida lista de sujetos que el artículo 162 de la Constitución considera legitimados".
Es decir, que la propuesta vasca plantea que sólo puedan interponer recurso de inconstitucionalidad ante el TC: el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas, y en su caso, las Asambleas de las mismas.
Aunque también puede recurrir al máximo órgano constitucional toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal.
Las fuentes consultadas explican también que las normas tributarias de Navarra o de cualquier CCAA sólo son recurribles ante el Tribunal Constitucional y no por la vía contencioso administrativa, por lo tanto, consideran que en este asunto hay una discriminación.
Además, esta proposición de Ley pide también "resolver" el "déficit de protección constitucional de la foralidad vasca que resultada de la falta de reconocimiento a los territorios históricos del País Vasco para defender en vía constitucional su régimen foral frente a eventuales agresiones del legislador estatal".
DIPUTACIONES RECLAMAN PODER RECURRIR ANTE EL TC LAS LEYES DEL ESTADO
Por ello, apuntan la oportunidad de remediar este "déficit" con la modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y plantean redactar de forma diferente algunos artículos, entre ellos el 32.2 y el 75, con el fin de que las Diputaciones Forales y las Juntas Generales de los tres territorios puedan recurrir las leyes del Estado que consideren.
En el primer caso, la redacción que proponen es la siguiente: "Para el ejercicio del recurso de inconstitucionalidad contra las Leyes, disposiciones o actos con fuerza de Ley del Estado que puedan afectar a su propio ámbito de autonomía, están también legitimados los órganos colegiados ejecutivos y las Asambleas de las CCAA y Juntas Generales de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, previo acuerdo adoptado al efecto".
El artículo 75 quedaría redactado, en su punto uno, así: "Las normas del Estado con rango de Ley podrán dar lugar al planteamiento de conflictos en defensa de la autonomía foral de los territorios históricos de la CCAA del País Vasco, constitucional y estatutariamente garantizada".
El punto dos precisa que "están legitimadas para plantear estos conflictos las Diputaciones Forales y las Juntas Generales de los Territorios Históricos de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya mediante acuerdo adoptado al efecto".
