Cree que perjudica al "99% de la población" y critica que el Gobierno trate de agilizar el alto tribunal "a costa" de la tutela judicial
MADRID, 15 May. (EUROPA PRESS) -
El PNV ha registrado en el Congreso una enmienda al proyecto de Ley de Medidas de agilización procesal en la que se opone a elevar de 150.000 a 800.000 euros la cuantía de los pleitos que revise en casación el Tribunal Supremo y tacha de "improcedente" esta medida al perjudicar al "99 por ciento de la población".
La propuesta del PNV, a la que ha tenido acceso Europa Press, pide al Gobierno eliminar este apartado del proyecto de ley que aprobó el pasado 17 de diciembre y que planteaba limitar la casación en los órdenes civil y contencioso-administrativo.
La formación nacionalista es contraria a que se "recorte" el acceso de los ciudadanos a los recursos y asegura que "no es de recibo" que el Ministerio de Justicia proponga "casi cuadruplicar" la cuantía mínima objeto del litigio. Advierte de que esta medida puede apartar en más del 95 por ciento de los casos la posibilidad de apelar al alto tribunal y puede "mermar" las garantías procesales del ciudadano así como afectar al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.
De este modo, ve "improcedente" que se niegue el acceso al Supremo en asuntos "gravísimos" que afectan a los ciudadanos, entre los que cita la demolición de una vivienda o la indemnización por responsabilidad patrimonial por la muerte de una persona. "El 99% de la población española no se verá implicada en asuntos de más de 800.000 euros ni mucho menos", añade.
ADVIERTE DE QUE LOS TSJ ESTÁN "SUBEMPLEADOS"
En este sentido, el texto critica que se intente dotar de celeridad a este órgano judicial "a costa del sacrificio de los derechos" de los ciudadanos y destaca que el "fallo" y la "sobrecarga" del Tribunal Supremo reside en "el sistema". Aboga por reestructurar esta institución y por reflexionar sobre el sistema de recursos y la atribución de competencias de las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, "abiertamente subempleadas".
En relación con la exclusión del recurso de apelación en los juicios verbales por razón de la cuantía, otra enmienda del grupo vasco solicita que sean recurribles las sentencias en las que se alegue una falta absoluta de motivación, una "manifiesta incongruencia" o una infracción en las garantías procesales.
Esta iniciativa destaca que la reducción de la tutela judicial a una única instancia debe acompañarse de la suficiente cautela como para evitar la indefensión de los litigantes.
Además, la formación jeltzale ha presentado una iniciativa que insta a mantener en secreto los escritos, diligencias y resoluciones judiciales efectuadas hasta la apertura del juicio oral, salvo en los casos expresamente previstos en la ley.
Pese a ello, aboga por que los jueces y tribunales puedan hacer pública determinada información siempre y cuando no perjudique a la investigación, así como por que los abogados puedan dar publicidad de sus escritos si son autorizados por el juez instructor.
En otra propuesta, el PNV se declara partidario de que el secreto de las actuaciones del magistrado instructor se prolongue hasta un máximo de un año, alzándose con, al menos, un mes de antelación al auto de procesamiento o de sobreseimiento. En este momento, el artículo 302 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no fija un límite de tiempo para el secreto de las actuaciones judiciales.
