MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -
La portavoz del PNV en la Comisión de Justicia del Congreso, Margarita Uría, ha solicitado al Gobierno que se indemnice a las víctimas que sufrieron la violencia "a manos de los poderes públicos" y, en especial a los cinco obreros que fueron asesinados durante una concertación el 3 de marzo de 1976 en Vitoria.
La diputada peneuvista, que recuerda que el próximo mes se cumple el treinta aniversario de estos sucesos, ha registrado en la Cámara Baja una pregunta escrita con el fin de saber si el Gobierno cuenta con la intención de indemnizar a las víctimas de estos luctuosos actos.
Uría solicitará al Ejecutivo socialista que considere "el justo reconocimiento para los que sufrieron actos violentos o incluso la muerte a manos de poderes públicos, y específicamente el resarcimiento de quienes fueron víctimas de la violencia institucional el 3 de Marzo de 1976".
Recientemente, una sentencia del Tribunal Supremo confirmó el reconocimiento de la condición de víctima del terrorismo a Norma Menchaca, fallecida en 1976 por un disparo de grupos de ultraderecha con las consecuencias que se derivan de la Ley de Víctimas.
A raíz de esta sentencia, el portavoz de PNV en el Congreso, Josu Erkoreka, presentó una iniciativa parlamentaria en la Cámara Baja instando al Gobierno socialista a indemnizar a las víctimas de la violencia institucional.
TAMBIEN LO RECLAMA IU-ICV
Por su parte, el grupo de Izquierda Verde (IU-ICV) registró también una proposición no de ley en el Congreso en la que se demanda al Ejecutivo que acometa las reformas necesarias para ampliar el ámbito de aplicación de la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo y se indemnice también a los que sufrieron la violencia de grupos 'violentos involucionistas o de las propias fuerzas de orden público' que pretendían impedir la Transición.
En su iniciativa, IU-ICV defiende la necesidad de abrir un nuevo plazo extraordinario que permita a familiares de otras víctimas a las que se ha negado el derecho el acceso a las indemnizaciones que establece la propia Ley de Víctimas, como el caso del estudiante Arturo Ruiz asesinado en una manifestación en 1977 en Madrid o de los cinco obreros asesinados en Vitoria.
