MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -
Este es el programa electoral de Podemos para el 28A
El partido liderado por Pablo Iglesias propone en su programa electoral para las generales del próximo 28 de abril prohibir el desahucio de viviendas ocupadas y de inquilinos si no hay alternativa de realojo digno.
En su medida 193 de la oferta con la que el partido morado se presenta a estos comicios plantea "prohibir los desalojos sin alternativa habitacional". Así, el programa explica que "en ningún caso se podrá realizar el desalojo o desahucio de personas y sus familias en situación de vulnerabilidad, sin que la Administración competente garantice un realojo en condiciones dignas".
Y añade que esta medida se aplicará tanto en "casos de impago de alquileres" como en los casos de "ocupación en precario motivada por la falta de vivienda asequible".
Además, quieren establecer protocolos de coordinación entre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y las distintas Administraciones para definir los procesos de actuación entre jueces y unidades de servicios
sociales competentes, que intervengan en casos de desalojo de
familias y personas en situación de vulnerabilidad y garanticen
una alternativa habitacional adecuada.
También prometen garantizar el derecho a la defensa de los deudores y las deudoras hipotecarias en cumplimiento de las sentencias del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea. Para ello, cambiarán el procedimiento de ejecución hipotecaria para garantizar todos los medios de defensa y de prueba contra las cláusulas abusivas en los contratos.
A ello añadirán la protección de los deudores hipotecarios sin recursos limitando su deuda al valor del bien hipotecado y el reconocimiento de derechos de reestructuración de deuda, quita y dación en pago y derogarán con efecto retroactivo el indicador de los tipos de interés IRPH.
En cuanto a los suministros básicos, afirman que los garantizarán e impedirán los cortes de suministros básicos de agua, luz y gas en las primeras residencias cuando el impago se deba a motivos ajenos a su voluntad, como la pobreza sobrevenida. Esta protección durará un año y se extenderá mientras persista la situación de vulnerabilidad y sancionarán a las compañías que incluyan en los contratos cláusulas abusivas o sean opacas en su gestión de los servicios esenciales de luz, agua y gas.
