El Pleno del tribunal estudiará el borrador de la sentencia en su próximo Pleno
MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -
El borrador de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) propone estimar el recurso de los diputados del PP contra la decisión de la expresidenta del Congreso Meritxell Batet de no pedir al Gobierno los expedientes completos de los indultos concedidos al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y al resto de los líderes del 'procés' condenados por sedición y/o malversación.
Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que el magistrado Ricardo Enríquez plantea en su ponencia que se debe dar la razón a los 'populares', que sustentaron su recurso de amparo parlamentario en el derecho a la información de los diputados y a los deberes de los órganos de la Cámara a preservarlos.
Según las fuentes consultadas, el Pleno del TC abordará la ponencia en el Pleno de la próxima semana después de que el recurso se admitiera a trámite en junio de 2022. Las mismas fuentes, sin embargo, han advertido de que será una deliberación compleja, dado que es probable que la mayoría progresista se muestre en desacuerdo con el planteamiento de Enríquez, magistrado del denominado bloque conservador. De hecho, hay voces en el Constitucional que no descartan que se designe un nuevo ponente para la sentencia.
El asunto llega al Constitucional después de que los 'populares' --en junio de 2021-- presentaran ante la Mesa del Congreso una solicitud de informe al Ministerio de Justicia y a la Presidencia del Gobierno para que se recabasen todos los informes y documentos que integraban los expedientes de estos indultos.
Esta pretensión, rechazada directamente por Batet el 13 de septiembre de ese año, provocó que la portavoz del PP en la Cámara Baja, Cuca Gamarra, acudiese al TC por entender que se había incurrido en una vulneración de sus derechos como parlamentaria.
EL GOBIERNO SE ESCUDA EN LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS
El Gobierno, por su parte, rechazó "hacer públicos" o "dar acceso a los expedientes" completos de los indultos a los líderes del 'procés' sin el "consentimiento expreso" de los afectados, amparándose en la Ley de Protección de Datos y en los plazos marcados en la Ley del Patrimonio Histórico Español.
Esta última establece que los documentos que contengan datos personales que puedan afectar a la seguridad de las personas, no podrán ser publicados sin consentimiento expreso de los afectados, hasta que haya transcurrido un plazo de 25 años desde su muerte o, en otro caso, de 50 años, a partir de la fecha de los documentos.
El Ejecutivo respondió así a una pregunta registrada por el diputado del Grupo Mixto Pablo Cambronero, y recogida por Europa Press, en la que instaba al Gobierno a dar a conocer los documentos íntegros.
