SEVILLA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -
El secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, mostró hoy la confianza de su formación en la decisión final de los jueces sobre la querella interpuesta por el PP contra el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, por presuntos delitos de prevaricación y de tráfico de influencias relacionados con la concesión el pasado mes de enero de una subvención por parte de la Junta de Andalucía a la empresa Minas de Aguas Teñidas (Matsa), en la que trabaja como apoderada su hija, al tiempo que consideró "previsible" que la Fiscalía del Tribunal Supremo instara hoy a la inadmisión de la citada querella.
En declaraciones a Europa Press, Sanz dijo que, a tenor de los acontecimientos vividos en los últimos meses, el PP-A no esperaba otra decisión por parte de la Fiscalía que la que finalmente ha tomado. "Aunque estudiaremos el escrito con detenimiento, consideremos que éste demuestra que no se ha llegado al fondo de la cuestión y que la Fiscalía ni siquiera se ha leído la Orden que concedió la ayuda", agregó.
En esta línea, el dirigente 'popular' dijo que lo "más sospechoso y contradictorio" es que la Fiscalía parece desconocer la Orden al argumentar que la empresa solicitó una cantidad de subvención, "cuando lo que la Orden recoge es que es la Junta quien concede un porcentaje de la inversión prevista".
Además, Sanz apuntó que otro "argumento de peso" también de la Fiscalía es que el importe final de la subvención fue de un tercio de la cantidad solicitada por la empresa, "cuando no es verdad, porque ésta llegó a duplicarse".
Al hilo de ello, consideró "erróneo y producto del desconocimiento" por parte de la Fiscalía el argumento de que la concesión de la subvención se hizo en razón a criterios establecidos en una Orden de 2007 vigente cuando se presentó la solicitud, "cuando la citada ayuda se aprobó bajo una Orden distinta".
Por último, el secretario general del PP-A tildó también de "sospechoso" el hecho de que la Fiscalía sostenga que la concesión de la subvención se sustenta en el objetivo de paliar la crisis económica. "En la fecha en la que se concedió, a principios de 2008, el Gobierno andaluz aún no había reconocido que existiera crisis económica en la Comunidad", concluyó.
