El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha asumido este viernes que el Gobierno de Mariano Rajoy se equivocó al aprobar la 'amnistía fiscal' de 2012 a través de un decreto-ley, como ha puesto de manifiesto el Tribunal Constitucional, pero ha recalcado que, aunque fue un error "en la forma", no lo fue "en el fondo". También ha precisado que será el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, cuya dimisión ya ha pedido la oposición, quien "determine el alcance" que debe tener la sentencia. Así lo ha señalado Hernando en un desayuno-coloquio organizado por 'Vanity Fair' en el que, cuando se le ha preguntado si el titular de Hacienda está "tocado" tras el fallo, ha recordado que el PSOE ha venido "dando leña" al Gobierno durante mucho tiempo con este asunto, que el ministro va a comparecer en el Congreso y que será él quien "determinará el alcance de lo que supone esta decisión" del Tribunal Constitucional. Eso sí, ha señalado que, desde su punto de vista, debe seguir como ministro. Además, fuentes 'populares' han precisado después que, al señalar que es Montoro quien debe determinar el alcance de la decisión del PP, Hernando se había limitado a leer casi textualmente el escrito que el ministro registró este jueves en el Congreso para solicitar su propia comparecencia para dar "informar sobre los efectos de la sentencia". Esa comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Congreso podría sustanciarse a finales de la semana que viene, en concreto el jueves o el viernes --una vez haya concluido el debate de la moción de censura de Unidos Podemos-- o ya la siguiente, según las mismas fuentes. Durante su intervención, Hernando ha insistido en que aquella regularización ahora declarada inconstitucional por el TC se hizo "a la desesperada" porque el país estaba al borde del rescate. "Fue una medida de emergencia", ha remachado, recalcando, además que tuvo beneficios para las arcas públicas. "Aceptamos la sentencia, evidentemente no lo hicimos bien", ha remarcado Hernando, haciendo hincapié en que fue una decisión que se tomó "en momentos de enorme dificultad" porque se estaban "destruyendo miles de empleos", la "situación del déficit publico era brutal" y España "estaba al borde del rescate". Tras recordar que otros países también hicieron regularizaciones de este tipo, ha admitido que podría haberse "hecho mejor", pero ha subrayado el gran volumen de dinero aflorado, si bien ha reconocido que "quizá" los 2.500 millones que se recaudaron no fueron una cifra "muy relevante". En cualquier caso, ha remarcado que el balance ha sido "positivo" porque se sentaron las bases para que esas rentas empezaran a cotizar en España y que este asunto ya se juzgó "en las urnas". El dirigente 'popular' ha asumido también que "quizá" el tipo impositivo que se impuso a ese dinero aflorado "podría haber sido más alto" --formalmente se fijó un 10%, pero acabó siendo un 3%--, aunque ha precisado que eso es "una impresión subjetiva". También ha añadido que se ha "intentando detectar el origen de esos fondos" y que, de hecho, algunos de los regularizados "han tenido responsabilidades penales y están en los juzgados".
