Riolobos denuncia que existen "sombras de corrupción sobre alcaldes, concejales y otros cargos del PSOE"
TOLEDO, 23 Oct. (EUROPA PRESS)
El Partido Popular pidió hoy al Gobierno regional "luz y taquígrafos" para aclarar todas las presuntas irregularidades que están surgiendo en materia de urbanismo, las cuales dijo estar dispuesto a denunciar ante el Parlamento europeo.
Así lo avanzó en declaraciones a los medios el secretario regional del partido, Vicente Tirado, antes de la reunión que el Comité de Dirección mantuvo hoy en Toledo. Afirmó que su partido está dispuesto a denunciar en Europa todo lo que está ocurriendo en la región "porque a los dirigentes de Castilla-La Mancha, que meten la cabeza debajo del ala, se les está yendo de las manos".
Tirado, acompañado de la portavoz del partido, Carmen Riolobos, dijo que Castilla-La Mancha no puede seguir ocupando portadas de periódicos por el urbanismo, y exigió que se reabra el caso de Seseña, porque falta "luz y claridad, para que Barreda deje limpia de sospechas a la región".
Por ello, exigió al presidente castellano-manchego, José María Barreda, que comparezca en las Cortes, junto con la consejera de Obras Públicas, María Encina Álvarez y el de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, José Manuel Martínez Guijarro, para que den cuenta de un nuevo "escándalo", esta vez surgido en Hellín (Albacete).
Por su parte, Carmen Riolobos manifestó que desde su formación no van a permitir "que el que haga a su vez la ley, haga la trampa, porque hay que tener manos limpias y bolsillos de cristal, pero de cristal transparente y no fumé, pues se trata de no robar, de que no haya corrupción".
Según la portavoz de los 'populares' castellano-manchegos, "hay sombras de corrupción sobre alcaldes, concejales, y otros cargos del PSOE que se irán demostrando con el tiempo, ya que están metiendo la mano donde no la tienen que meter".
CORRPUCIÓN EN TALAVERA.
Muestra de ello citó un convenio urbanístico que el equipo de Gobierno de talaverano firmó en 2001 "con una empresa que no tenía ni un duro", para hacer un proyecto que vale miles de millones, y que tenía informes contrarios del propio Ayuntamiento de la ciudad, existiendo así "sospecha de prevaricación" por parte del alcalde, José Francisco Rivas.
"No es presentable que el Gobierno aprobase la LOTAU, y que el que fuese director general del Área Correspondiente, actual concejal y portavoz del equipo de Gobierno de Talavera tenga un despacho de asesoramiento urbanístico en esta ciudad, donde hay sospechas de corrupción urbanística por todos los sitios", denunció.
Por ello, Riolobos, pidió explicaciones a Barreda, porque la región, después de Seseña, vuelve a estar en el mapa de la corrupción con el escándalo de Hellín, "caso gravísimo" de una urbanización de más de 600 chalés en una Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) y Lugar de Interés Comunitario, tal y como denuncia Ecologistas.
Para Riolobos el caso de Hellín es un exponente más de que el Gobierno regional, en "clara descomposición", ha permitido el urbanismo "más salvaje y especulativo" en España, que favorece que algunos se hagan multimillonarias, como es el caso de 'El Pocero' y la empresa que promueve la actuación de Hellín, mientras la mayoría de los jóvenes tienen dificultades para acceder a la vivienda.
La portavoz del PP en la región, que señaló que el caso de Hellín, también deberá ponerse en manos de la Fiscalía Anticorrupción, añadió "flaco favor hace el Gobierno regional a los castellano-manchegos cuando solo favorece un desarrollo desordenado e insostenible, vulnerando la legislación, y permitiendo que concejales del PSOE metan la mano en el cajón del urbanismo".
Para Riolobos, esto es un símbolo de "la descomposición de un régimen, como ocurrió en la peor etapa del Gobierno de Felipe González, que ha pensado que todo vale y aquí no todo vale, hay que hacer las cosas conforme a la ley".
Preguntada por los alcaldes socialistas están metiendo mano, la portavoz de los 'populares' castellano-manchegos, que no quiso dar nombres concretos, defendió que son todos los que han saltado a los medios de comunicación, y que supuestamente actúan "bordeando la ley", como el consejero de Vivienda y Urbanismo, Alejandro Gil, y el de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
