Gamarra cree demostrado que el PP tenía razón en la ruptura de la negociación del CGPJ: Queríamos despolitizar y Sánchez lo contrario
MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -
La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha confirmado este viernes que el PP denunciará ante la Unión Europa y el Tribunal Constitucional las últimas reformas penales promovidas por los partidos del Gobierno, tanto los cambios para facilitar "el asalto" al TC como las realizadas "al dictado" de los independentistas catalanes para beneficiar a los procesados y condenados por el referéndum ilegal de 2017.
A su juicio, estas leyes no son propias de legisladores, sino que han convertido el Parlamento en un "mercadeo" por la vía de la "tramitación exprés" para que Pedro Sánchez vea aprobados sus Presupuestos Generales y pueda seguir en el Palacio de la Moncloa.
"Estamos aquí, en mitad de un puente, entre polvorones y villancicos, viendo que Sánchez es capaz de cualquier cosa --ha comentado en rueda de prensa en el Congreso--. Toman por tontos a los españoles".
DERECHO PENAL DE AUTOR, AL DICTADO DE ERC
En rueda de prensa en el Congreso, Gamarra ha reiterado que la supresión del delito de sedición y la previsible reforma del delito de malversación buscan beneficiar a los responsables del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Y que rebajar las mayorías en el CGPJ para forzar la renovación del TC pretende tomar el mando del tribunal de garantías incorporando a los dos candidatos del Gobierno: el exministro Juan Carlos Campo y la exasesora de Moncloa Laura Díez
A su juicio, son reformas para "entregar el Código Penal a aquellos de quienes dependen y copar el TC con quienes han sido ministros o asesores en Moncloa". "Despenalizar los delitos contra el orden constitucional para beneficiar a personas con nombres y apellidos. Es un derecho penal de autor, reformas que se escriben al dictado --ha afirmado--. Es un claro fraude de ley".
Gamarra cree que todas estas medidas dan la razón al PP cuando se rompió la negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial porque ellos buscaban avanzar en la despolitización de la Justicia y en cambio Pedro Sánchez "va en sentido contrario".
"Asistimos a la materialización del asalto al Estado de Derecho y las instituciones del Estado --insiste--. Lo que hay detrás es la ausencia de límites por parte de Pedro Sánchez, no tiene ninguno con tal de permanecer en el poder".
Frente a esa situación, ha querido dejar claro que el PP no se va a "quedar callado", que presentarán los recursos que procedan ante el TC, cuando la norma salga de las Cortes, y que denunciarán ante la Unión Europea "la toma de las instituciones", además de comprometerse a derogar todas estas reformas cuando lleguen al Gobierno.
LA "CORTINA DE HUMO" DEL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO
Gamarra recuerda que la Unión Europea ya frenó el intento del Gobierno de rebajar las mayorías necesarias para elegir al CGPJ y espera que, en virtud de lo que establece la Convención de Venecia, ahora recalque que en España debe defenderse el Estado de derecho y la separación de poderes.
Por último, la dirigente del PP ha desdeñado el nuevo delito de enriquecimiento ilícito que PSOE y Podemos van a añadir a su reforma penal, pues considera que eso ya se castiga desde las leyes anticorrupción de 2015 y porque cree que sólo es una "cortina de humo" y "una excusa" para tratar de tapar la rebaja de la malversación en favor de los independentistas.
"El PSOE lo que está haciendo es debilitar la lucha contra la corrupción y está haciendo impunes a quienes rompieron el orden constitucional en 2017 --ha remachado--. Aquí se busca beneficiar a los socios del Gobierno y lo demás son fuegos de artificio".
Además, se ha quejado de que ahora se quiera dar la impresión de que sólo es corrupción cuando hay un beneficio personal, pero en su opinión también es corrupción desviar fondos públicos para otros fines porque supone beneficiarse políticamente de esos recursos.
Según ha explicado, el PP también presentara enmiendas a la proposición de ley del PSOE y de Unidad Podemos, pero en su caso van dirigidas a mantener el delito de sedición, tipificar el de referéndum ilegal y castigar con prisión permanente a los condenados por asesinato que oculten el cadáver.
