EL PP pide en el Congreso que el Estado se responsabilice del daño causado por investigaciones de corrupción sin efecto

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP pedirá mañana en el Congreso que el Estado se responsabilice por los daños y perjuicios que causan en los cargos públicos las investigaciones policiales y judiciales sobre supuestos casos de corrupción que al fin al quedan en nada.

Así lo recoge el Grupo Popular en una moción que someterá a votación mañana en el Pleno del Congreso, apenas dos días de las elecciones europeas en las que las organizaciones territoriales del PP más salpicadas port investigación de presuntos casos de corrupción (Madrid, Comunidad Valenciana y Canarias) se han visto reforzadas con un incremento de voto.

EL EJEMPLO DEL CASO FAYCAN

La moción es consecuencia de la interpelación que dirigió a finales de mayo al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, sobre los procedimientos utilizados por la Policía Nacional en los cosas de corrupción canarios Faycán y Góndola.

Los 'populares', que tachan de "insuficientes" las explicaciones que les dio Rubalcaba, insisten en que los procedimientos seguidos en estos dos asuntos "se apartan de los protocolos habitualmente utilizados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" y vuelven a quejarse de que se hayan publicado documentos que "recogen el contenido íntegro de actuaciones judiciales y diligencias policiales que estaban bajo secreto sumarial".

En este sentido, subrayan que las "filtraciones y diversas irregularidades" que denuncian provocan "desconcierto" en la ciudadanía, "un gran daño a las personas afectadas" y "gran descrédito" a las instituciones. Por ello, reclaman al Gobierno que adopte medidas destinadas a que este tipo de situaciones no se repitan.

ACABAR CON A LAS FILTRACIONES

En concreto, el PP propone que el Congreso inste al Ejecutivo a actuar para poner fin a las filtraciones de asuntos que haya sido declarado secretos por los jueces y a "impulsar las modificaciones legislativas necesarias para salvaguardar debidamente en todos los casos de investigaciones policiales y judiciales el principio constitucional de presunción de inocencia, así como los derechos fundamentales al honor, intimidad personal, familiar y propia imagen".

El primer partido de la oposición también demanda al Gobierno que garantice el principio de responsabilidad administrativa respecto a todo daño o lesión "injustamente causado por actuaciones policiales o judiciales que queden legalmente sin efecto".