MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una proposición no de ley por la que insta al Ejecutivo a que en un plazo de tres meses remita al Congreso las reformas legales necesarias para que cualquier desistimiento del Gobierno en los conflictos entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas cuente con un informe preceptivo del Servicio Jurídico estatal, debiendo ser motivado el acuerdo de desistir si se separara el órgano decisorio del criterio contenido en el informe.
Según indica el PP en su iniciativa, la elevada conflictividad en el ámbito competencial entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas ha planteado ante el Tribunal Constitucional desde 1980 cerca de 1.300 conflictos, de los cuales más de 200 actualmente se encuentra pendientes de resolución.
Es por ello que los 'populares' destacan la necesidad de "corregir" esta práctica, pues, según reza la Proposición, "los conflictos competenciales no deben estar sujetos a la oportunidad política, sino que deben obedecer a principios legalidad que en todo caso el Gobierno tiene la obligación de defender, regulándose a tal fin la formación de la voluntad de la Administración General del Estado".
En este sentido, el PP abunda en que "no se puede ni se debe dejar paso" a que la resolución de estos conflictos se dilucide "en un ámbito fundamentalmente político, sin tener en cuenta los informes que deberían proceder de los Servicios Jurídicos, dentro de un cauce regularizado y previo a la toma de decisión del Gobierno".
