BILBAO, 7 May. (EUROPA PRESS) -
El portavoz del Grupo del PP en el Parlamento vasco, Leopoldo Barreda, recuerda al lehendakari, Juan José Ibarretxe, que la proposición no de Ley sobre el derecho de autodeterminación aprobada por la Cámara en febrero de 1990 no es "vinculante", pese a que éste afirme que es "de obligado cumplimiento".
En una iniciativa, a la tuvo acceso Europa Press, Barreda insta al Gobierno vasco a que elabore y remita al parlamento dentro de un plazo de dos meses un informe en el que especifique cuántas proposiciones no de Ley ha cumplido de las aprobadas en pleno o en comisión desde el 1 de enero de 1999.
El dirigente popular recuerda que el pasado 27 de abril, en respuesta a la interpelación de la presidenta del PP vasco, María San Gil, Ibarretxe subrayó "la plena vigencia de la proposición no de Ley sobre el derecho de autodeterminación aprobada por la Cámara en febrero de 1990".
Leopoldo Barreda señala que, al parecer, "más allá del alcance político, y no jurídico, de las proposiciones no de Ley y mociones votadas en la Cámara, el lehendakari las considera vinculantes".
"DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO"
En este sentido, precisa que, si "se le ha entendido bien" a Juan José Ibarretxe, éstas "resultarían de obligado cumplimiento, con independencia de la competencia de la Cámara en la materia y a pesar de no tener alcance legislativo, y obligarían, tanto a quienes las aprueben como a quienes las rechacen y, por supuesto, a aquellos a quienes vayan dirigidas".
"Es evidente que esta peculiar lectura del alcance de los acuerdos parlamentarios no se sostiene en la realidad, nada tiene que ver con el reglamento de la Cámara ni con la práctica política, ni siquiera con los planteamientos que la oposición, en su beneficio, hubiera podido hacer", apunta.
Por ello, dice que si Ibarretxe "así lo enuncia", habrá que entender que se trata de un compromiso que a él sí le vincula, "y que debe tener expreso reflejo en la acción de su Gobierno". De esta forma, a través de una proposición no de Ley, pide al Gobierno que elabore un informe en el que explique si ha cumplido las decisiones parlamentarias y especifique en qué plazos.
Andalucía
