SEVILLA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla ha hecho entrega en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla de documentación en la que se alude a la introducción en las estipulaciones de los contratos existentes entre Mercasevilla y la empresa Sanma, filial de Sando, por la opción de compra para los terrenos de la empresa, de cláusulas por las cuales la empresa constructora acaba participando en la financiación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) del ente público.
En rueda de prensa, el portavoz adjunto del PP municipal y consejero de Mercasevilla, Beltrán Pérez, dio cuenta de la existencia de documentos --que han sido facilitados por el actual director general del ente, Jordi Maymó--, donde se formaliza la opción de compra y se establecen los pagos por ésta, de cinco millones de euros, así como varias estipulaciones, una de las cuales establece que hay una serie de gastos con cara al traslado de la compañía a los terrenos de Majarabique.
En ésta se establece que si Sando es adjudicataria de las obras del traslado, hay una serie de gastos imputables a la constructora, en concepto de estudios técnicos, prescripciones facultativas o suplidos, entre otros. No obstante, y en caso de no conseguir la adjudicación, estas cuestiones correrían a cargo de Mercasevilla, que podría descontarlas de los 106 millones de euros que Sando debería dar a la empresa como valor de los terrenos por la opción de compra.
Pérez, en este sentido, hizo alusión a que Mercasevilla ha "retorcido" las cláusulas de manera progresiva en los contratos de tal modo que, "forzando" las estipulaciones, se introduce en el concepto de oferta social a asumir por Sando "aspectos que no tienen nada que ver con el punto de vista técnico o con el traslado", como es el pago de las prejubilaciones de los trabajadores de Mercasevilla dentro del ERE de 2007.
Así, el PP criticó que Mercasevilla "se esté vinculando económicamente a una empresa" y que se introduzcan aspectos que no son objeto del contrato, puesto que, si en un primer momento y sin que la adjudicación de obras se haya concedido ya se pide a la constructora 229.000 euros en el proceso normal de delimitación del área de reserva de Majarabique, también se alude a la financiación asumida por Sanma en un primer momento de 988.000 euros para el ERE.
De esta cantidad, el Grupo Popular señaló que en 2007 ya se había acometido el pago de 851.000 euros como la presumible parte que correspondería pagar a la empresa pública --la otra debe ser asumida por la Junta, según expuso Pérez--, en una documentación en la que no aparece la firma de ningún representante de Mercasevilla. El valor total del ERE, añadió, es de unos 10,9 millones según Deloitte.
Ante esto, el consejero popular de Mercasevilla se cuestionó "qué hace una constructora privada financiando el ERE de una empresa pública" y se preguntó "en qué se han gastado los cinco millones que Sanma debió de dar por la opción de compra".
