La oposición forzará una investigación política exhaustiva con una batería de iniciativas, que incluye la comparecencia de Aguirre
MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Partido Popular subrayó hoy que, sin acuerdo de su grupo parlamentario, no saldrá adelante la propuesta del PSOE e IU de poner en marcha una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid sobre la supuesta red de espionaje al servicio del consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados.
Fuentes populares explicaron a Europa Press que el Reglamento de la Cámara de Vallecas establece que la comisión de investigación se lleva a cabo "a propuesta de dos quintas partes de los miembros de la Asamblea" y que tiene que tener "interés público", hecho que valora la Mesa de la Cámara, en la que PP tiene mayoría absoluta. De esta manera, una vez que la investigación judicial de la trama ya se ha iniciado, la política todavía está en el aire hasta la decisión de la Cámara.
Esto contradice lo afirmado hoy por el secretario general del PSM, Tomás Gómez, que mantuvo que el Reglamento de la Cámara permite que se cree una comisión de investigación tan sólo con su petición por parte de dos quintos de la Cámara, que ya tienen PSOE e IU.
No obstante, los grupos de la oposición ya han preparado una batería de iniciativas para conseguir que el Ejecutivo regional explique en sede parlamentaria qué hay de cierto sobre la posible implicación del Gobierno en la trama de espionajes y si realmente está implicado el jefe de la cartera de Interior y secretario general del PP de Madrid.
El Grupo Parlamentario Socialista centra sus mayores esperanzas en la aprobación de la comisión de investigación y en que se acepte la comparecencia en Pleno de la presidenta regional, Esperanza Aguirre, un deseo que comparte con IU, ya que pedirán conjuntamente la comisión. De manera individual, registrarán la comparecencia de Aguirre en el hemiciclo, respectivamente.
En el caso de que la comisión se lleve a término, PSOE estudiará a qué personas pedir que acudan y en el caso de que no sea así, reclamarán la comparecencia de quienes crean oportunas en la comisión ordinaria de Interior, informaron a Europa Press fuentes socialistas.
Asimismo, señalaron que en el caso de que no se acepte la comisión todavía queda la vía jurídica a través de un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC), aunque destacaron que eso tarda mucho tiempo.
Desde la coalición de izquierdas también esperan a conocer las declaraciones de Granados en la comisión parlamentaria, que él mismo ha reclamado y a la decisión de la Mesa sobre la comisión de investigación para elegir a sus comparecientes. No obstante, el lunes registrarán la petición de comparecencia en comisión del director general de Seguridad, Enrique Barón; del ex director del área de Seguridad, Sergio Gamón, y del ex policía nacional, Marcos Peña.
VARIAS INICIATIVAS PARLAMENTARIAS
Como es posible que no se lleve a término la comparecencia de Aguirre en Pleno porque el Grupo popular ha afirmado en varias ocasiones que la presidenta no es miembro del Consejo de Gobierno, sino que es la que lo preside y por lo tanto, no está obligada a comparecer en Pleno, PSOE e IU formularán preguntas orales a la jefa del Ejecutivo.
Los grupos de la oposición también han hecho peticiones de información a la Consejería que preside Granados reclamando entre otras cosas información sobre la supuesta unidad de espionaje, sus fuentes de financiación y de sus componentes.
Por otra parte, en el Congreso de los Diputados de IU el diputado Gaspar Llamazares ha registrado unas preguntas escritas en las que pide al Gobierno central que explique si el establecimiento de un equipo de investigación de este tipo entra dentro de las competencias de una comunidad autónoma o si piensa investigar si se ha producido un trasvase de datos policiales o de la Guardia Civil al margen del procedimiento legal, que pudiera ser constitutivo de irregularidad o delito.
Por último y margen de las peticiones oficiales IU ha reclamado el cese de Granados y el PSOE ha considerado que Granados no puede seguir al frente de la Consejería porque "está deslegitimado".
