PP-A ve "claros visos de ilegalidad" en el anteproyecto de Ley de Derecho a Vivienda, que califica de "estafa electoral"

SEVILLA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP consideró hoy que el anteproyecto de Ley de Derecho a la Vivienda elaborado por el Gobierno andaluz y que va a ser analizado con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) presenta "claros visos de ilegalidad", por cuanto pretende "descargar" sobre las corporaciones locales una serie de competencias que no le corresponden y la "responsabilidad jurídica" en caso de que los ciudadanos decidan denunciar ante los tribunales el incumplimiento de la administración en el acceso de una vivienda.

El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, anunció en rueda de prensa el rechazo de su partido y de los alcaldes populares a dicho anteproyecto, que, en su opinión, no garantiza realmente el acceso de todos a una vivienda y "destapa la falsedad" de las promesas electorales del PSOE y del presidente de la Junta, Manuel Chaves.

Insistió en que ese texto es una "estafa electoral" para los andaluces y destapa la "fullería" del PSOE durante las campañas electorales, ya que se dedica a lanzar propuestas que luego en la "acción de gobierno se quedan en entredicho".

Mostró su preocupación por que Chaves ha decidido que sean los ayuntamientos los que afronten, "sin financiación ni competencias", el derecho al acceso a la vivienda. Esto debería llevar a todas las corporaciones locales, según Sanz, a rechazar el texto que la Junta ha puesto sobre la mesa, mientras lamentó que los alcaldes del PSOE, sin embargo, estén dispuestos a "tapar las vergüenzas de Chaves a costa de asumir competencias en financiación y una responsabilidad jurídica en caso de incumplimiento que no tienen".

Sobre este último aspecto, explicó que el texto de la Junta plantea que, cuando haya ciudadanos que presenten recursos en los tribunales por haber incumplido la administración el derecho de acceso a la vivienda, las "responsabilidades jurídicas" se derivarán hacia los ayuntamientos y no hacia la Junta, lo que, según Sanz, es algo "inaudito".

"Chaves hace una promesa, la incumple y encima se quita el problema de en medio derivando cualquier responsabilidad jurídica a los ayuntamientos", sentenció el dirigente popular, quien se mostró convencido de que los ciudadanos ya saben a estas alturas que la promesa de "gratuidad de una vivienda no existe".

Esta situación hace que el PP tenga "dudas claras sobre la ilegalidad" del anteproyecto de ley, según indicó Antonio Sanz, quien agregó que si el texto no es sometido a una reforma en profundidad antes o durante la tramitación parlamentaria, el PP decidirá que acciones toma si se mantiene la "ilegalidad".

Para Sanz, esa ley, en modo alguno, va a solucionar los problemas de vivienda en Andalucía, por cuanto la Junta es "incapaz" de asumir sus compromisos, toda vez que ya ha "incumplido el 77 por ciento de los compromisos de viviendas anuales en relación con el Pacto por la Vivienda".

Mientras que el compromiso recogido en ese plan es de 30.000 viviendas protegidas anuales, según apuntó, la Junta sólo es capaz de terminar 7.000, frente a las 300.000 familias que hay en Andalucía esperando a acceder a una vivienda de ese tipo.