SANTA CRUZ DE TENERIFE, 2 Oct. (EP/IP) -
El portavoz del grupo parlamentario socialista canario Francisco Hernández Spínola anunció hoy que mañana presentará en la Cámara regional una enmienda a la totalidad con devolución al proyecto de ley del sistema canario de seguridad y policía canaria.
Hernández Spínola hizo este anuncio en la comisión parlamentaria de Gobernación, Justicia y Desarrollo Autonómico, donde criticó el convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y el Gobierno de Canarias "para la utilización de policías locales como policías autonómicos", ya que a su juicio el Gobierno de Canarias no se ciñe "a lo que dice la ley" y pretende "aparentar" que en la islas existe una policía canaria ". "Como no lo consigue por vía parlamentaria, utiliza entonces subterfugios en la policía local."
Para el portavoz socialista, el Ejecutivo regional emplea el convenio como un instrumento para bordear la legalidad ya que, destacó, la primera actuación que realizó la Unipol tras su firma no fue en el marco territorial de la capital tinerfeña, sino en Los Llanos de Aridane, en La Palma.
Tras la experiencia de la Unipol en la capital tinerfeña, que Francisco Hernández Spínola calificó de "fraude y despilfarro", vaticinó el rechazo del Parlamento de Canarias al proyecto de ley de creación de la policía canaria porque "no hay acuerdo mayoritario".
Pese a que el PSC-PSOE no se opone a una policía canaria, sí que manifiesta su rechazo a cómo ha planteado la cuestión el Gobierno canario.
Spínola criticó el cuerpo de la Unipol, pese a que si bien reconoció que una sentencia del tribunal Constitucional admite potestad administrativa a las policías locales cuando no existe la autonómica, está circunscrita al municipio, y durante este verano la Unipol ha prestado servicios en varias fiestas, como las que han tenido lugar en Vallehermoso o Garachico, entre otras. "Sólo en situaciones extraordinarios puede prestar un servicio fuera del ámbito territorial de Santa Cruz de Tenerife, y la adscripción temporal de los agentes tendría que determinarse individualmente y nada de esto se cumple", dijo.
La diputada del grupo parlamentario popular, Nirva Macías, coincidió con Hernández Spínola en calificar de "ilegal" el convenio que el ayuntamiento de Santa Cruz ha suscrito con el Gobierno de Canarias para que los policías locales "dejen de serlo y desarrollen una actividad de policía autonómica que es contraria a la Constitución y al Estatuto de Autonomía vigente".
Nirva Macías pidió la anulación del convenio e insistió que vulnera la legalidad. "Lo que critica el PP no es que desde la Comunidad Autónoma se ayude a todos y a cada uno de los ayuntamientos canarios a desarrollar sus policías locales, lo que criticamos es que se use esos cuerpos para decir que se crea una policía autonómica, porque de momento es ilegal. El PSC ha tendido la facultad de criticar el convenio y de actuar contra él, pero no lo ha hecho", acusó.
Para el consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias, José Miguel Ruano, que espera que la Cámara regional debata el proyecto de ley de policía canaria y seguridad, utilizar policías locales como autonómicos está previsto en la ley aunque, matizó, "eso es distinto a crear un cuerpo de policía autonómico".
Respecto al convenio suscrito con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Ruano recordó que en la actualidad se negocia otro similar con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, pero su planteamiento se refiere al uso del grupo especial Goyas y al número de efectivos, sensiblemente inferior al de la Unipol. Garantizó, no obstante, que se está negociando para alcanzar un buen acuerdo, ya que garantizará 480.000 euros en dos anualidades presupuestarias para equipamiento de policías locales y garantiza un convenio de formación específica.
El consejero de Presidencia y Justicia recalcó que estas policías tienen unas actuaciones definidas, que en el caso de la de Santa Cruz de Tenerife se circunscriben a evitar el consumo de alcohol entre los menores de edad y producir un sistema de protección sobre las mujeres en las que han recaído un auto de protección al ser amenazadas por su cónyuges o ex cónyuges. "No es la policía autonómica, son locales que tienen una características específicas", intentó aclarar José Miguel Ruano, quien destacó que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria podría ingresar en sus arcas esos 480.000 "siempre y cuando hablen con nosotros."
La diputada del grupo parlamentario de CC, Flora Marrero, coincidió con los razonamientos del consejero de Presidencia y Justicia, al asegurar que estos nuevos cuerpos garantizan la seguridad y cubren la falta de efectivos en los municipios.
