SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -
El portavoz del área institucional del Grupo Parlamentario Socialista, José Manuel Lage, ha denunciado este lunes que la Xunta tiene "desde hace 20 meses" a dos personas ocupando altos cargos en el Servicio Gallego de Salud (Sergas) sin que haya mediado "ningún tipo de nombramiento público".
Según un documento de la Consejería de Sanidad, al que ha tenido acceso Europa Press, se trata de la vicegerente del Sergas, María Eugenia Lado, y de la subdirectora general de Desenvolvimiento y Seguridad Asistencial, Mercedes Carreras.
Para el socialista, se trata de un hecho "de extrema gravedad" por la "vulneración" de la Ley de Función Pública, así como de "un asunto turbio y oscuro por lo que esconde", ya que ambas "ocupan dos puestos de alta dirección de espaldas al Diario Oficial de Galicia, donde no hay rastro de su nombramiento".
Visto que la Xunta "zapateó la legalidad" al mantener "a dos 'okupas" en cargos de dirección, el diputado barbanzano ha registrado una batería de iniciativas parlamentarias para conocer quién es el responsable político que "autorizó la ocupación de dos puestos de altos cargos del Sergas por parte de dos personas que no fueron nombradas siguiendo el preceptivo trámite administrativo".
Además, pretende conocer "qué procedimiento" se siguió para "amparar la ocupación" de dos altos cargos del Sergas y "qué órgano" designó a estas personas. "No puede pasar más tiempo sin que la Xunta dé explicaciones ante esta escandalosa situación", ha incidido Lage, para recordar que "el respeto a la legalidad" fue uno de los "compromisos" del presidente gallego en su discurso de investidura.
UNA "FECHORÍA"
Tras denunciar que la consejera de Sanidad, Pilar Farjas, "se saltó los controles de legalidad", el parlamentario socialista ha censurado que el titular de Presidencia, Alfonso Rueda, "miró para otro lado" mientras esto ocurría.
"Seguramente, porque hay intereses inconfesables que funcionaron como argamasa para consentir una fechoría de estas características", ha interpretado, para recordar a renglón seguido que la Consejería de Presidencia tiene entre sus obligaciones "velar por la legalidad de las acciones del Gobierno gallego".
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