MADRID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -
El PSOE quiere que el Congreso apruebe este miércoles una iniciativa para urgir a la renovación del Consejo General del Poder Judicial y otros órganos constitucionales y para censurar el "bloqueo" que, según denuncia, está llevando a cabo el PP.
En concreto, someterá a votación en la Comisión de Calidad Democrática una proposición no de ley para que el Congreso manifieste "la urgente necesidad de renovar los órganos constitucionales" y rechace "cualquier intento de vulnerar los plazos recogidos en la Constitución española a través del bloqueo a dicha renovación".
El PSOE y Unidas Podemos ya cerraron un acuerdo con el PP y con el PNV para la renovación del Consejo de RTVE e incluso hubo negociaciones para el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero también hay otras instituciones cuyo mandato ha caducado, como el Tribunal Constitucional (TC), el Defensor del Pueblo o la Agencia Española de Protección de Datos.
Y a la lista se ha sumado el Tribunal de Cuentas, que acaba de comunicar al Congreso y al Senado que su mandato acaba en julio y que debe iniciarse su renovación. Dadas las mayorías exigidas, todos estos órganos requieren un entendimiento entre el Gobierno de coalición y el PP como primer partido de la oposición.
En la misma sesión, los 'populares' defenderán otra iniciativa, recogida por Europa Press, que persigue que la Cámara pida a todos los miembros del Gobierno que "respeten la independencia de jueces y magistrados", tal y como ordena el artículo 13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
También persigue que la Cámara emplace al presidente y los ministros a evitar "lanzar acusaciones de falta de imparcialidad" sobre los jueces y que "se abstengan de atacar al Poder Judicial y a la Justicia" a la que la Constitución consagra como "valor
superior del ordenamiento jurídico y del Estado Social y Democrático de Derecho".
El PP presentó esta proposición no de ley hace un año, después de que el CGPJ se quejara de las críticas vertidas por varios miembros del Gobierno, entre ellos el entonces vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ante la condena que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid impuso a la portavoz de Podemos, Isa Serra, (19 meses de cárcel y a una multa de más de 2.000 euros) por los delitos de atentado a la autoridad, lesiones y daños durante una concentración para parar un desahucio.
