El ex secretario general del PP obtiene el visto bueno de la Cámara para ser consejero de la Corporación Cibeles de Caja Madrid
MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -
El PSOE no consiguió hoy que la Comisión del Estatuto del Diputado reclamase información adicional a los ex ministros Angel Acebes y José María Michavila sobre sus actividades privadas al margen del Congreso. El PP y los nacionalistas argumentaron que esas labores son legalmente compatibles y que no había necesidad de pedir más datos, por lo que, al no haber consenso, se impuso el cierre del dictamen, se informó a Europa Press en fuentes parlamentarias.
La Comisión del Estatuto del Diputado, encargada de velar por el cumplimiento de la normativa parlamentaria en materia de incompatibilidades, celebró este mediodía en el Congreso su segunda reunión de la legislatura, en la que ya se dio el visto bueno a las declaraciones de actividad de unos 320 diputados.
La Ley Electoral y el Reglamento del Congreso establecen que los diputados ejercerán sus cargos en régimen de dedicación exclusiva, por lo que no podrán desempeñar ninguna actividad pública o privada ni percibir retribución alguna con cargo a los presupuestos públicos.
Ahora bien, junto a este criterio general, la normativa recoge una serie de excepciones que tienen que ver con el ámbito universitario, en el que se les permite realizar actividades docentes y de investigación; con la gestión del propio patrimonio o del patrimonio familiar; con la producción literaria, artística o científica, y con aquellas actividades o ejercicio de cargos en órganos de administración de entidades con participación pública cuando su elección corresponda hacerla a las Cámaras.
RECHAZO A ALCALDES QUE ESTÁN EN EMPRESAS PÚBLICAS
No obstante, para aquellas actividades privadas no especificadas, la Ley contempla que sea la comisión del Estatuto del Diputado la que autorice al diputado en cuestión continuar ocupando su escaño en el Congreso. En ese sentido, hoy se ha frenado el dictamen favorable a una veintena de diputados que son alcaldes o concejales y que además forman parte de empresas públicas de carácter local, al considerar que no hay compatibilidad legal. A los afectados se les ha urgido a resolver el tema, lo que mayoritariamente pasará por abandonar esas empresas.
Sin embargo, entre los que han conseguido el aval de la Cámara baja figura otra veintena de diputados que forman parte de empresas privadas y cuya compatibilidad se considera legal. En este apartado, el PSOE propuso que se pidiera más información tanto a Angel Acebes como a José María Michavila, iniciativa que fue respaldada por ERC-IU-ICV pero que no obtuvo el consenso necesario.
El PSOE se basaba en las noticias aparecidas en los últimos que vinculan al bufete para el que trabaja el ex ministro y diputado del PP José María Michavila con el dimitido alcalde de Boadilla del Monte (Madrid), Arturo González Panero, que ha dejado su cargo por su implicación en la 'operación Gürtel' sobre la presunta trama de corrupción que salpica al PP.
Según informaron a Europa Press en fuentes parlamentarias, la Comisión del Estatuto del Diputado no tiene facultad para investigar cómo ejerce Michavila esa compatibilidad y tampoco puede entrar a valorar cuestiones penales, pero el PSOE pedía que al menos se le pidiera información adicional.
Desde el PP se argumenta que, siendo legales esas actividades privadas de sus diputados, no hay razón para pedir información complementaria precisamente a ellos y no a otros. Así las cosas, se decidió ratificar el dictamen favorable de Michavila y autorizar la compatibilidad a Angel Acebes, nombrado en diciembre pasado consejero de Cibeles, compañía del grupo Caja Madrid.
DILIGENCIAS ABIERTAS A LOS LETRADOS
En cualquier caso, continúan las diligencias informativas que abrió el secretario general del Congreso, Manuel Alba Navarro, a los dos letrados de la Cámara vinculados al bufete con el que trabaja Michavila, Andrés Jiménez y Andrés Dorrego, quien fue su subordinado en el Ministerio de Justicia.
Algunos miembros de la Comisión del Estatuto del Diputado seguirán con atención esta investigación por si vuelven a intentar recabar información a Michavila, pero el PP ya hizo saber en la Mesa del Congreso que no estaba al tanto de esa investigación y que no debía considerarse de la Cámara. Llegó incluso a obligar a que se hiciera público un comunicado dejando claro que las diligencias informativas abiertas a los letrados eran iniciativa del letrado mayor, no de la Mesa del Congreso.
La comisión, que sí ha pedido información adicional a un diputado por la actividad de su bufete, elevará su dictamen al Pleno del Congreso, donde se someterá a votación el jueves de la próxima semana, como siempre a puerta cerrada y sin que se pueda determinar la posición de cada miembro de la Cámara.
