PSOE pide en el Congreso limitar la filtración de asuntos judiciales y fija en dos años el máximo del secreto sumarial

MADRID, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado en el Congreso una enmienda al proyecto de Ley de Medidas de agilización procesal que pretende limitar la filtración de asuntos judiciales, de forma que las resoluciones, las diligencias de investigación y los escritos de las partes sean secretos hasta la apertura de juicio oral, salvo en los casos expresamente previstos en la ley.

La iniciativa de los socialistas, a la que ha tenido acceso Europa Press, reclama que el abogado, el procurador o el funcionario público que incumpla la obligación de mantener en secreto esta información sea sancionado de acuerdo a su respectivo régimen disciplinario.

Además, pide que los jueces y tribunales sólo hagan públicas determinadas diligencias, como la admisión de una denuncia o querella, la declaración de un procesamiento o un sobreseimiento o la apertura del juicio, cuando exista un "interés público relevante" y no se perjudique el desarrollo de la investigación. En estos casos, estima que deberá efectuarse mediante resolución motivada y previa audiencia de las partes.

La propuesta hace hincapié en que los escritos del Ministerio Fiscal y de los abogados deben permanecer bajo secreto y en que sólo el juez instructor puede autorizar que salgan a la luz. La actual Ley de Enjuiciamiento Criminal establece la imposición de sanciones cuando se revelen las diligencias del sumario.

El PSOE también entiende que el secreto del procedimiento deberá durar como máximo un año, sin que en ningún caso alcance al Ministerio Público, aunque aboga por ampliar este periodo a 24 meses en el caso de delitos relacionados con organizaciones criminales o bandas terroristas. En este momento, el artículo 302 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no fija un límite de tiempo para el secreto de las actuaciones judiciales.

En esta línea, el PNV también ha presentado una iniciativa que insta a mantener en secreto los escritos, diligencias y resoluciones judiciales efectuadas hasta la vista oral. En otra propuesta, se declara partidario de que el secreto de las actuaciones del juez instructor se prolongue hasta un máximo de un año, alzándose con, al menos, un mes de antelación al auto de procesamiento o de sobreseimiento.

PLEITOS DE 800.000 EUROS EN EL SUPREMO

Los diputados socialistas registraron una batería de propuestas a la nueva ley de Agilización procesal el pasado viernes, día en el que finalizaba el plazo de presentación de enmiendas en la Cámara Baja. Entre ellas, han solicitado también que los juzgados de lo Contencioso-Administrativo conozcan, por el procedimiento abreviado, de los asuntos cuya cuantía no superen los 30.000 euros. La actual normativa restringía esta cantidad a 13.000 euros.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 17 de diciembre este proyecto de ley que modifica, entre otros aspectos, la cuantía mínima objeto de litigio para los asuntos que revise en casación el Tribunal Supremo, que pasa de ser de 150.000 a 800.000 euros. A este respecto, el Grupo Parlamentario Socialista cree conveniente que estime los procesos de menor cuantía siempre que exista interés casacional.