MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -
La subcomisión del Congreso encargada de estudiar la reforma de la Ley Electoral ha decidido encargar al PSOE la redacción, junto al Ministerio de Asuntos Exteriores, de una propuesta concreta para una solución que ponga fin al voto rogado que se exige a los electores residentes en el extranjero.
El llamado 'voto rogado', que se puso en marcha en 2011, obliga a los españoles residentes en el exterior a solicitar previamente el voto en cada convocatoria de generales, autonómicas y europeas, una modificación que ha venido haciendo caer en picado la participación de los inscritos en el Censo de Residentes Ausentes (CERA).
APLICARLO EN LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS
Todos los grupos parlamentarios coinciden en la necesidad de dar una salida a este sistema con idea de que uno nuevo pueda estar listo antes de las elecciones autonómicas y europeas previstas para la próxima primavera, una idea compartida también por el Gobierno de Pedro Sánchez.
De hecho, la semana pasada el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, invitó a los portavoces de la citada subcomisión parlamentaria a una comida de trabajo en la que se comprometió con los grupos a enviarles en próximas semanas un informe técnico sobre cuáles cree el Ejecutivo que pueden ser las alternativas al voto rogado.
Tras ese encuentro, el presidente de la subcomisión, Jesús Posada, convocó para este martes a los portavoces a una reunión en la que se ha acordado que sea el PSOE el enlace con Exteriores y el que se encargue, por tanto, de redactar un borrador sobre el que, posteriormente, puedan trabajar el resto de grupos.
¿CUÁL SERÁ EL SUSTITUTO DEL VOTO ROGADO?
La idea, según confirmaron a Europa Press fuentes parlamentarias, es que antes de las elecciones autonómicas y europeas previstas para la próxima primavera se presente y apruebe una proposición de ley para sustituir el sistema del voto rogado. El mandato de la subcomisión, cuyos trabajos se iniciaron en abril de 2017, culmina el próximo 31 de diciembre.
Hasta el momento si bien hay un amplio consenso para suprimir el voto rogado, aún los grupos no han hablado sobre qué modelo debe adoptarse en su lugar. Lo que parece estar claro es que no se puede volver a la legislación previa, que estaba permanentemente cuestionada por denuncias de fraude.
