MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -
El futuro presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado que pretende abordar "de manera inmediata" la renovación pendiente desde hace meses en el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y el Consejo de Radio Televisión Española. Para ello, ha ofrecido "diálogo" a la oposición y ha marcado un plazo de tres meses.
En su discurso de investidura en el Congreso de los Diputados, el líder del PP ha puesto fecha así a la renovación en estos organismos, para la que socialistas y 'populares' llevan meses sin ponerse de acuerdo, y ha recibido los aplausos de sus compañeros en el Hemiciclo.
En el Tribunal Constitucional, el Congreso tiene pendiente desde finales del pasado año el nombramiento de cuatro magistrados. Además, los dos grandes partidos tienen bloqueada la elecciónd el Defensor del Pueblo (ya que el último titular, Enrique Múgica, cesó en junio de 2010) y la de todo el Tribunal de Cuentas, cuyos doce consejeros concluyeron mandato en noviembre. En parecida situación se encuentran seis de los doce consejeros de RTVE, cuyo plazo para renovar se abrió en septiembre de 2010.
"IMPARCIALIDAD" DEL TC Y EL CGPJ
En su primera intervención en el debate de investidura, Rajoy se ha comprometido a trabajar para recuperar la confianza de los ciudadanos en la Justicia y "propiciar el respeto a su independencia e imparcialidad", tanto en lo que afecta al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como al Tribunal Constitucional.
Para ello, ha avanzado cambios que persiguen "agilizar y mejorar su funcionamiento" y ha concretado que se harán reformas en el recurso de amparo y el recurso previo de inconstitucionalidad y se otorgarán mayores garantías de independencia a los nombramientos de sus miembros".
El ganador de las elecciones ha defendido que una de las reformas que necesita España es la de la Administración de Justicia, porque es la que "garantiza la protección de los derechos de los ciudadanos", pero también constituye "un factor esencial de competitividad y de confianza en las instituciones".
Sin embargo, ha lamentado, España se encuentra en el puesto 63 entre 142 países en eficiencia del marco jurídico en la solución de controversias, según el Informe Global de Competitividad del World Economic Forum. "Lisa y llanamente, esto no puede seguir así", ha dicho.
Y para garantizar que esta Administración sea el "servicio público moderno y de calidad" que debe ser, ha abogado por "promover un uso eficiente y coordinado de las nuevas tecnologías, compatibilizando los ocho sistemas informáticos actuales, que son incompatibles entre sí".
Además, se ha comprometido a abordar los cambios en el modelo de la oficina judicial que aseguren la unidad de gestión en todos los órganos jurisdiccionales y ha instado a "simplificar procedimientos, reforzar del principio de oralidad, revisar el sistema de recursos e incorporar los juicios rápidos al ámbito civil".
REDUCIR LA LITIGIOSIDAD
Mientras tanto, y para reducir la litigiosidad, buscará mejorar la seguridad jurídica a través de "un marco normativo claro", basado en la premisa de que tiene que haber "menos y mejores leyes", y una administración de justicia "profesional, especializada y eficaz"
En concreto, se ha comprometido a aprobar una nueva Ley de Mediación y Arbitraje, como mecanismos de solución extrajudicial de conflictos, así como una Ley de la Jurisdicción Voluntaria.
