MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado que a partir de ahora será "imprescindible" presentar un certificado sobre la situación tributaria para poder acceder a un cargo público de responsabilidad, es decir, que esté al corriente en el pago de sus impuestos.
Ésta es una de las medidas que se incluyen en la Ley Reguladora del Ejercicio del Alto Cargo de la Administración General del Estado, uno de los dos proyectos de ley que el jefe del Ejecutivo ha defendido este jueves ante el Pleno del Congreso.
Esta norma, según ha explicado, lo que busca es impulsar un verdadero estatuto del alto cargo, clarificar sus obligaciones y determinar los controles a los que debe someterse quienes van a ejercer tareas de responsabilidad en la Administración.
BIENES PÚBLICOS AL INICIO Y FINAL DEL MANDATO
Dicho estatuto recoge un catálogo de requisitos, como la exigencia de una declaración responsable en el momento de su designación y la carencia de antecedentes penales, una regulación "más estricta" y un control "más escrupuloso" sobre sus retribuciones y bienes.
A este respecto, el presidente ha dicho que las retribuciones de los altos cargos serán "totalmente públicas" con la entrada en vigor de la conocida como Ley de Transparencia; que sus gastos de representación estarán mejor regulados y que no se utilizarán tarjetas de crédito para abonarlos; y que sus actividades, bienes y derechos deberán ser declaradas al inicio y al final de su cargo.
REFORZAR LA OFICINA DE CONFLICTO DE INTERESES
Asimismo, ha destacado que la citada Ley contempla un refuerzo del control de incompatibilidades y de la correspondiente Oficina que, según ha señalado, deberá colaborar con otros organismos para realizar las comprobaciones pertinentes e informar semestralmente al Congreso sobre el cumplimiento del régimen de incompatibilidades y de la publicidad de sus declaraciones de bienes.
En este punto, ha destacado que es voluntad del Gobierno "reforzar" los medios a disposición de este órgano de control de las incompatibilidades. Para ello, ha dicho que quiere que la Oficina suma de forma eficaz sus nuevas funciones para que pueda atender los deberes de información y de colaboración con los organismos públicos y entidades privadas que se le asignan.
