BARCELONA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Gobernación y Administraciones Públicas, Jordi Ausàs, admitió hoy que el Gobierno catalán no puede asegurar que los funcionarios recuperen el poder adquisitivo en 2013, después del recorte salarial que han sufrido por el decreto de austeridad aprobado por el Gobierno. "Ya se verá si en 2013 devolvemos el 5% de media que se ha recortado a los funcionarios", afirmó.
En declaraciones a Rac 1 recogidas por Europa Press, el consejero republicano explicó: "Ojalá sí, pero explicitarlo de esta manera tan clara como si fuera un objetivo que no se puede cambiar de ninguna de las maneras... Yo tendría mis prevenciones", dijo en referencia a la posición de ICV-EUiA, que defiende que la recuperación salarial de los trabajadores públicos se aplique sin condiciones.
"No cuesta demasiado hacer afirmaciones cuando no sabemos en qué situación nos encontraremos", prosiguió, y avisó que será el contexto económico el que determinará si dentro de tres años la Generalitat podrá contribuir a la recuperación salarial de los funcionarios. "Trabajamos en esta línea", concluyó.
Ausàs aseguró que el Gobierno catalán no ha dado marcha atrás en la reducción de organismos públicos, a pesar de que el consejero de Innovación, Universidades y Empresas, Josep Huguet, admitiera este martes que en esta legislatura no habrá tiempo para aprobar la reestructuración del sector público.
El consejero explicó que en las próximas semanas se ejecutará la reestructuración de organismos que aprobó el Gobierno catalán, aunque en algunos casos se requieren "unos trámites parlamentarios que necesitan cierto tiempo".
NO FRENAR LAS VEGUERÍAS
Sobre la Ley de Veguerías que impulsa su departamento, Ausàs aseguró que, pese a la crisis, es un buen momento para aprobarla porque "permitirá simplificar la Administración", y se financiarán de la misma manera que se financian las diputaciones provinciales.
El consejero se mostró satisfecho por la decisión de la Mesa del Parlamento catalán de admitir a trámite una Iniciativa Popular para convocar un referéndum sobre la independencia de Cataluña. Destacó la importancia de la Ley de Consultas Populares en la que se han amparado los impulsores de esta iniciativa, porque "es el espacio de soberanía entre lo que dice el Estatut y la Constitución".
Recordó que "las plataformas, la sociedad civil y los partidos" pueden recoger las firmas que se necesitan para que el pleno del Parlamento debata si convoca la consulta popular.
