MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional ha aprobado una modificación de sus normas de reparto para que a partir de ahora la fecha de comisión de los delitos sea la que determine el juzgado que se encargará de su instrucción, informó hoy el tribunal.
La iniciativa, que fue aprobada el pasado 11 de septiembre por la Sala de Gobierno a propuesta de la Junta de Jueces, tiene como finalidad "hacer las normas de reparto más comprensibles para el ciudadano, así como clarificar algunos aspectos de las normas anteriores a fin de dotarlas de un mayor automatismo, evitando de este modo cualquier atisbo de duda sobre la objetividad en el reparto".
Con la nueva normativa, la fecha de comisión de los delitos que se investiguen en la Audiencia Nacional determinarán la competencia de un juzgado con exclusión de los demás, lo que supondrá, según la institución, el establecimiento de "criterios preestablecidos" para la distribución de las causas.
Hasta ahora, las normas de reparto entre los seis juzgados centrales de instrucción de la Audiencia Nacional se hacía en función de las guardias, la utilización de un sistema informático gestionado por el Decanato y la existencia de antecedentes en la investigación de determinados hechos delictivos.
"CRITERIOS OBJETIVOS"
Cuando la fecha del delito no pueda conocerse, de modo que no sea posible determinar el juzgado que resulta competente para la instrucción, el magistrado juez decano utilizará el citado programa informático para asignar la causa en función de "criterios objetivos" y con el objetivo de que "cada juzgado asuma el mismo número de asuntos cada mes".
Además, la nueva norma contempla una serie de reglas concretas de asignación de asuntos por razón de la materia, en casos como la tramitación de órdenes europeas de detención y entrega.
Esta iniciativa da cumplimiento a uno de los compromisos adquiridos en su toma de posesión por el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, que apostó por incrementar "la transparencia en la actuación de los órganos judiciales para conseguir la confianza de los ciudadanos".
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