Apuesta por abolir la educación concertada, dedicar el 7% del PIB a la pública y el 6,7% a la sanidad
MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -
El programa electoral de Izquierda Unida para las elecciones generales del próximo 28 de abril incluye, entre sus primeros puntos, la necesidad de abrir un proceso constituyente que lleve a España hacia un modelo de Estado federal, republicano y solidario que reconozca la "realidad plurinacional" y "las salidas democráticas" para acabar con el conflicto territorial y que articule mecanismos de participación como la consulta vinculante, el referéndum o los presupuestos participativos.
Izquierda Unida vuelve a concurrir a estos comicios en coalición con Podemos y Equo, bajo la denominación 'Unidas Podemos', pero se presenta con su propio programa que ha elaborado en colaboración con entidades sociales y que este viernes ha resumido en '22 medidas clave para un país en lucha'.
Su objetivo es que el nuevo modelo que salga del proceso constituyente que plantea "garantice constitucionalmente los derechos económicos, sociales y culturales del conjunto de la población" y sirva para acabar con las "nefastas políticas neoliberales" desarrolladas hasta ahora.
IU vuelve a plantear la creación de una banca pública que financie a diferentes sectores para lograr el pleno empleo y favorezca el desarrollo de un nuevo modelo productivo, con la investigación con un papel clave.
NUEVO MODELO ENERGÉTICO
En materia de pensiones, los de Alberto Garzón defienden fortalecer el sistema público de pensiones, blindando por ley su revalorización con arreglo al IPC, derogando el factor de sostenibilidad, revalorizando las mínimas con unos términos concretos y sustituyendo todas las medidas de reducción de las cotizaciones por otras de bonificación y con financiación a cargo de los Presupuestos. Además, aspira a aprobar un nuevo Estatuto de los Trabajadores que acabe con la degradación de los derechos laborales.
La formación de izquierdas persigue la consecución de un nuevo modelo energético basado en las renovables, que garantice una movilidad sostenible y que acabe con 'fracking', y también reclama que los servicios de agua y saneamientos sean públicos y universales y avanzar en una política de residuos cero.
Limitación de los precios del alquiler y creación de un parque público estatal de vivienda pública, dación en pago retroactiva y prohibición de los desahucios de la primera y única vivienda, figuran también en el programa en el que IU pone sobre la mesa "una
reforma fiscal justa, eficiente y progresiva en la que paguen más quienes más tienen".
SALIR DE LA OTAN Y RECORTES MILITARES
También proponen una ley integral contra la corrupción "que garantice el pago de lo expoliado y la recuperación de bienes adquiridos por fines corruptos" así como una ley integral de Memoria Democrática y de reconocimiento y reparación a las víctimas del franquismo y la transición, que cree una Fiscalía Especial para que se juzguen estos delitos, se reconozca a las víctimas y se acabe con la presencia pública del franquismo.
En materia de política exterior apuestan por reorientarla "para luchar por la paz", promoviendo la salida de España de la OTAN, recortes en gasto militar y cortar la venta de armas a gobiernos y entidades que participan activamente en conflictos violentos.
Asimismo, se compromete a promover la derogación de la LOMCE, la abolición progresiva de la educación concertada, que el 7% del PIB se dedique a la educación y el 6,7% a la sanidad para incluir en ella la cobertura de la salud laboral, los derechos sexuales y reproductivos y la libre determinación del género.
El futuro Gobierno, según la federación, debe contar con un Ministerio de Igualdad de Género para desarrollar políticas que garanticen la inclusión de mujeres en el mercado laboral en condiciones de igualdad y corresponsabilidad, que valoricen las tareas reproductivas y que transversalicen la visión de género en el conjunto de servicios y derechos públicos.
MUERTE DIGNA
También intentarán que vea la luz una Ley de Igualdad de Trato y Contra la Discriminación a las personas LGTBI, que luche contra la patologización de las identidades trans y promueva la transversalización de la perspectiva LGTBI en derechos y servicios públicos.
El programa incluye, asimismo, el reconocimiento del derecho a la muerte digna, la gratuidad de la Justicia, que los máximos órganos de las instituciones judiciales se elijan por "elección directa", un IVA cultural superreducido, acabar con la criminalización del intercambio de archivos.
Los de Garzón también quieren impulsar planes de retorno para los emigrantes españoles, derogar el voto rogado para este colectivo, y crear una circunscripción electoral del exterior para la defensa de sus intereses. En paralelo, demandan la creación de vías legales para llegar a España y que se garantice el pleno derecho al asilo y la acogida.
