Afirma que el nacionalismo es "totalitario" y que no se puede dialogar con quien "niega la Constitución y la democracia" El presidente de Ciudadanos y candidato a la Presidencia del Gobierno, Albert Rivera, ha propuesto este jueves que los partidos políticos y las entidades que hagan "apología del separatismo, de la destrucción de la Constitución" o de la violencia no reciban fondos públicos. En un acto de Cs en Madrid junto al escritor y filósofo Fernando Savater y al actor y dramaturgo Albert Boadella, Rivera ha puesto el ejemplo de Arran, las juventudes de la CUP, que recientemente organizaron un escrache contra representantes de Ciudadanos que celebraban un acto en Barcelona. Tras señalar que quienes protestaban les lanzaron piedras y botellas, ha preguntado: "¿Y lo convoca un grupo parlamentario? ¿Un partido político puede convocar un acoso físico a otro partido con dinero público?". En su opinión, aquellos partidos y entidades que "no reconozcan la Constitución o la democracia o hagan apología de la violencia" no deberían cobrar "un céntimo de dinero público". "Somos un país democrático y respetamos que haya partidos independentistas, pero otra cosa es que les paguemos la fiesta para que hagan escraches", ha recalcado Rivera. También ha criticado que formaciones independentistas como ERC o el PNV tengan grupo parlamentario en el Congreso con "el mismo tiempo de palabra y los mismos recursos" que Cs pese a haber obtenido un porcentaje de voto mucho menor a nivel nacional. Además, estos partidos "condicionan los Presupuestos, las mociones de censura y las investiduras", ha agregado. El líder de la formación naranja ha rechazado "los silencios y la permisividad" con el nacionalismo y se ha negado a intentar contentar a los que "siempre estarán descontentos". A su juicio, lo que hay que conseguir es que "el Estado vuelva a estar presente en todos los pueblos de España", porque en algunos lugares "ha desaparecido". A su modo de ver, se necesita "un gran acuerdo entre los partidos constitucionalistas" --entre los que incluye al PSOE, al PP y a Cs-- para "rearmar política e intelectualmente al Estado frente al nacionalismo" y su proyecto "totalitario". "No puedes dialogar con gente que niega la Constitución y la democracia", ha añadido. Si no se actúa, Rivera cree que durante la próxima legislatura el independentismo en Cataluña pasará a representar más del 45% del electorado que supone actualmente. Otra consecuencia será, según ha dicho, que algunos españoles seguirán sintiéndose desprotegidos cuando los independentistas imponen huelgas en la universidad, colocan la 'estelada' en un ayuntamiento o dificultan que se estudie en castellano en la escuela pública. SAVATER Y BOADELLA, CONTRA EL NACIONALISMO En relación con esto, Savater ha subrayado que la ley es lo único que defiende a los ciudadanos de la "tiranía". Dentro de su discurso de crítica al nacionalismo, el filósofo vasco ha censurado que la reivindicación del derecho a la autodeterminación se entienda como un "dogma religioso", y ha afirmado que no hay por qué "aceptarlo ni incorporarlo a la legislación". Boadella, por su parte, ha criticado el "relato sentimental" del nacionalismo que, en su opinión, se basa en "sentimientos generalmente bajos, primarios", y lo ha acusado de manipular la historia y tener actitudes xenófobas. El dramaturgo catalán, que considera que los partidos independentistas "no deberían permitirse", ha apostado por desmontar ese relato a través de la educación. Para ello ve necesario acabar con el "adoctrinamiento" en los colegios y difundir el relato de "la España de las libertades y la igualdad", además de aplicar la ley de forma "rigurosa" en Cataluña porque si no, "esto va a ir a la separación". Rivera ha señalado que Ciudadanos lleva años advirtiendo de lo que iban a hacer los partidos nacionalistas en Cataluña. Pero "no quiero ser el agorero que siempre acierta", "quiero solucionarlo", ha manifestado, insistiendo en que para ello se necesita la colaboración del PSOE y el PP. Igualmente, ha reclamado cesar a Quim Torra como presidente de la Generalitat mediante el artículo 155 de la Constitución y que el Estado recupere las competencias en materia penitenciaria.
