ALICANTE, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -
Los seis testigos afectados que declararon hoy martes en el juicio por la presunta quiebra fraudulenta de Caja Alcoy coincidieron en señalar que antes de ese momento percibían que la entidad tenía un funcionamiento "normal", y aseguraron que nunca les ofrecieron "préstamos arriesgados o privilegiados".
Durante la cuarta jornada del juicio por la presunta quiebra fraudulenta de la entidad, declararon seis de los nueve testigos propuestos por la acusación particular, todos ellos clientes de la entidad que se vieron perjudicados con la quiebra de la caja.
De este modo, preguntada por la defensa, una de las testigos propuestas por la acusación particular, M.S.R. quién ingresó en la entidad 49.800 euros, declaró que ella veía que "era una caja normal".
En este sentido, otro de los afectados llamados a declarar R.F.V., afirmó que desconocía, en el momento en el que ingresó 26.247 euros, que la entidad financiera concediera "prestamos arriesgados o privilegiados".
Del mismo modo, a preguntas de la defensa, otra de los testigos identificada como C.M.G. aseveró que a ella "no le ofrecieron préstamos de riesgo, ni ventajosos".
Por otra parte, y al igual que los primeros testigos llamados a declarar el pasado jueves, todos los comparecientes afirmaron hoy haber recuperado un 18 por ciento del dinero ingresado en la caja y un 42 por ciento en concepto de ayudas de la Generalitat valenciana, ya que todos tenían la deuda reconocida judicialmente.
Para la sesión de mañana miércoles, 30 de enero, está previsto que presten declaración siete testigos más, propuestos por la acusación particular.
PENAS.
Los hechos se remontan al año 1993 cuando los directivos de la entidad, ahora procesados, presuntamente cometieron operaciones fraudulentas y un delito de insolvencia punible. En su escrito de acusación provisional, el fiscal acusa a cinco directivos de Caja Alcoy, para los que solicita seis años de prisión por conceder créditos sin las debidas garantías, lo que provocó la suspensión de pagos y la quiebra de la entidad que afectó a más de 1.500 clientes.
El fiscal pide para cada uno de los acusados, cinco en total, seis años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, inhabilitación especial para profesión y oficio relacionado con la actividad propia de las entidades de crédito durante el tiempo de la condena, multa de 24 meses, con cuota diaria de 500 euros, con aplicación del artículo 53 del Código Penal, en su caso, y costas.
Además, establece que los acusados deberán indemnizar conjunta y solidariamente a la mesa de los acreedores de la entidad quebrada con la cantidad de 2.645.911 euros, que es el resultado de restar a la morosidad de la caja cuando presentó la suspensión, un total de 3.770.828, la cantidad de 1.124.917 euros recuperados por la administración de la quiebra.
Por su parte, la acusación particular, pide 40 años de cárcel, ya que incluyen en sus acusaciones a todos los miembros del consejo rector de la entidad alcoyana, algunos de los cuales no han sido acusados por el fiscal.
Además, acusan a los imputados de un delito societario y otro de apropiación indebida y también del de insolvencia punible, y solicitan más de cuatro millones de euros en concepto de responsabilidad civil subsidiaria.
