El Congreso 'blindará' por ley el censo para no permitir movimientos de última hora
MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -
Los sistemas de alerta de la Oficina del Censo Electoral (OCE) han permitido enviar al fiscal 13 expedientes de ayuntamientos con inscripciones masivas sospechosas al advertirse delito electoral, según ha revelado al Congreso el responsable del censo, que a la vez es presidente del Instituto Nacional de Estadística (INE), Jaume García Villar.
Según el informe que expuso esta semana a la subcomisión del Congreso encargada de revisar la legislación electoral, García Villar explicó que la Oficina del Censo dispone de sistemas de prealerta que avisan cuando se producen aumentos sospechosos del censo en un municipio.
Gracias a ese sistema de alerta, en los últimos años la Oficina del Censo ha pedido más de 650 informes a ayuntamientos cuando ha visto un movimiento sospechoso en el censo, ha llegado a realizar 19 inspecciones, ha enviado 33 comunicaciones a la Junta Electoral correspondiente e incluso ha remitido 13 expedientes al Ministerio Fiscal al advertir indicios de delito electoral.
NO HAY RIESGO DE INSCRIPCIONES MASIVAS IRREGULARES
Asistentes a la reunión aseguraron a Europa Press que la Oficina del Censo Electoral garantizó al Congreso que, con estos sistemas, ya no hay riesgo de los empadronamientos masivos irregulares que hace una década se produjeron esporádicamente en algún municipio para elecciones locales.
Al explicar sus actuaciones, la Oficina del Censo detalló que, cuando hay dudas sobre inscripciones irregulares, se opta por dar de baja a los electores afectados. El problema, según explican los partidos, es que se está privando a esos ciudadanos de un derecho fundamental como es el del voto.
Por ello, la subcomisión aconsejó al instituto que diseñe alguna fórmula para que, en vez de dar de baja a esos electores, opte por no autorizar su alta en el municipio donde pretenden inscribirse, para que al menos mantengan la residencia anterior y puedan ejercer su derecho al sufragio.
En la misma reunión, celebrada el miércoles a puerta cerrada en el Congreso, se habló de la recomendación de la Junta Electoral Central para permitir a los partidos políticos algún tipo de recurso previo a la proclamación de resultados en caso de inscripciones irregulares.
La subcomisión estudiará alguna fórmula para crear esta vía de impugnación, si bien recuerda que los partidos sólo acceden al censo al día siguiente de proclamarse las candidaturas y no tienen con qué comparar esos datos para saber si ha habido o no una alteración sustancial del censo en una localidad.
Aunque se abra esa vía de recurso para casos excepcionales, la idea de los partidos es apostar más por la prevención que por la anulación, y en ese sentido la Oficina del Censo Electoral insistió en que, con los sistemas actuales, no hay riesgo de inscripciones masivas irregulares.
EVITAR OTRO CASO DE LA VEGA
Por otro lado, la subcomisión parlamentaria recibió información sobre las actuaciones del censo electoral y, al hilo de la polémica de las últimas elecciones generales con la inscripción en el censo de Beneixida (Valencia) de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, autorizada mediante una resolución por la OCE y protestada por el PP, se analizó el caso de las incorporaciones de última hora por cambios de domicilio.
Actualmente, el censo utilizado para unas elecciones es el cerrado a día 1 del mes anterior a la convocatoria de los comicios. Los partidos mantienen ese principio y consideran que ese mes de carencia ofrece suficientes garantías para recoger los cambios de domicilio anteriores a esa fecha y las consiguientes altas y bajas, dados los mecanismos existentes para la actualización constante del censo.
Para 'blindar' el censo, los partidos se comprometieron a aprovechar la reforma de la LOREG para dejar claro en la ley que, más allá de esa fecha del primer día del mes anterior a la convocatoria, no caben resoluciones interpretativas ni incorporaciones de última hora.
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