MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -
El PP quiere que el Gobierno elabore una ley orgánica que regule la utilización del Sistema de Interceptación de las Comunicaciones (SITEL) que incluya, entre otras cosas, el nombramiento de un funcionario responsable de los centros de interceptación y de cada una de ellas y la garantía del control parlamentario de la utilización de este sistema principalmente a través de la Comisión de Gastos Reservados de la Cámara Baja, que tiene carácter secreto.
En este contexto, reclaman que la Comisión de Gastos Reservados analice anualmente un informe sobre la aplicación de este sistema y que la Comisión de Justicia elabore antes de un año un estudio sobre el impacto en los derechos civiles de las innovaciones tecnológicas que utiliza la Administración.
En la proposición no de ley que ha registrado para que el Congreso inste al Gobierno a elaborar esa norma, el partido de Mariano Rajoy admite que la necesidad de adaptar los sistemas de interceptación de las comunicaciones se planteó en 2001, bajo gobierno de José María Aznar, y que entonces tanto los Ministerios de Justicia y Defensa como el Consejo General del Poder Judicial "pusieron de manifiesto importantes deficiencias en la cobertura legal para ponerlo en funcionamiento", entre ellas la necesidad de una ley de carácter orgánico.
UN AÑO MÁXIMO
En concreto, el PP pretende que esa norma determine la "exclusiva competencia de la autoridad judicial para la gestión de todos los sistemas y software de interceptación", que el juez especifique qué sistema se debe utilizar y qué datos, además del contenido de la comunicación, se deben interceptar.
El PP también considera necesario poner un límite temporal a las intercepciones. En concreto, aboga por que la autorización se limite a un mes con prórrogas de quince días hasta un periodo máximo de un año.
En el caso de que, por cuestiones técnicas, se tenga acceso a datos no autorizados, los 'populares' defienden que sean destruidos de forma innmediata, que se haga lo mismo con los soportes en los que puedan haber quedado registradas grabaciones que finalmente no se incorporen al procedimiento y que también se destruyan todas las copias existentes, incluidos los datos obrantes en el servidor de SITEL, una vez que las grabaciones se incorporen al proceso correspondiente.
REGULACIÓN ESPECIAL PARA TERRORISMO
Además, solicitan que los soportes digitales en los que se realicen las grabaciones estén firmado por una autoridad certificadora de la autenticidad para evitar su manipulación y que la entrega de los ficheros al juez también esté firmada electrónicamente y encriptada para evitar su filtración.
Por último, los 'populares' piden una regulación específica para las investigaciones referentes a delitos de terrorismo, crimen organizado, narcotráfico, pederastia y pornografía infantil.
