MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -
Los dos sindicatos policiales mayoritarios, el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) y la Confederación Española de Policía (CEP), coincidieron hoy en defender la legalidad del sistema de grabación de comunicaciones SITEL en contra de las críticas vertidas por el PP que tachó el proceso de "ilegal" e "inconstitucional".
"No sé por qué se pone en duda algo que no ha cuestionado nadie, si el PP piensa que no es legal que lo recurra ante el Tribunal Constitucional", aseguró en declaraciones a Europa Press el secretario general del SUP, José María Benito, al tiempo que insistió en que "si los jueces, que son quienes dirigen las investigaciones con este sistema, no han presentado quejas será porque es legal".
En la misma línea quiso lanzar un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos. "La Policía no investiga a nadie que no sea sospechoso de haber cometido un delito y sin una autorización judicial", añadió.
Por su parte, desde la Confederación Española de Policía (CEP) su secretario general, Ignacio López, coincidió en que el sistema utilizado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el CNI se hace con absoluta legalidad. En ese sentido, definió la iniciativa del PP como "muy exagerada" y valoró que "está generando alarma social".
"REGULACIÓN ESPECÍFICA"
Sin embargo, López no descartó como opción la posibilidad de que el uso del sistema SITEL estuviese "regulado de una manera más específica" al tratarse de "un arma muy poderosa" y que genera "una especial sensibilidad". En concreto, se refirió a una regulación por medio de Ley Orgánica, que según dijo, contribuiría a que todo el mundo se quede tranquilo ya que se establecerían "más garantías".
Estas manifestaciones se producen un día después de que el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, denunciase ayer que el "control" del sistema de interceptación de las comunicaciones SITEL recaiga en el Ministerio del Interior y anunció que el Grupo Popular llevará al Congreso una iniciativa para que esa competencia sea en "exclusiva" del juez.
Aseguró que dicho sistema es "inconstitucional e ilegal" y afirmó que el Gobierno del PP "nunca lo puso en marcha" porque lo desaconsejaron los informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de los Ministerios de Justicia y Defensa.
