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La querella la impulsó Dignidad y Justicia después de que el dirigente de Sortu mostrara su "orgullo" por la trayectoria de la IA
BILBAO, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -
Representantes de Sortu se concentrarán ante el Palacio de Justicia de Bilbao este miércoles con motivo de la comparecencia en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) del presidente de la formación abertzale y parlamentario de EH Bildu, Hasier Arraiz, como imputado en un supuesto delito de enaltecimiento y justificación del terrorismo y humillación a las víctimas.
Arraiz está citado a prestar declaración ante el magistrado de la Sala Civil y Penal del TSJPV Borja Iriarte a las 10.00 horas, y media hora antes, Sortu se concentrará en los Jardines de Albia, junto a su presidente, con el fin de denunciar que, "a estas alturas, un dirigente político tenga que verse encausado por realizar un análisis políticos".
Según han asegurado fuentes de Sortu a Europa Press, la pretensión es "reclamar la libertad de expresión, que sigue faltando", y mostrar su "apoyo total" a Hasier Arraiz.
Durante el interrogatorio de Arraiz estarán presentes, además del magistrado Borja Iriarte; el Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma Vasca, Juan Calparsoro; la representación legal de Dignidad y Justicia, que se querelló contra el líder de Sortu; y el abogado del imputado, Iñigo Iruin.
La denuncia se planteó después de que, en una conferencia celebrada el 18 de noviembre en Bilbao en homenaje a Santiago Brouard y Josu Muguruza, asesinados por los GAL, Arraiz mostrara su "orgullo" por la trayectoria de la izquierda abertzale en los últimos 35 años, y asegurara que ésta no debe "rechazar ni revisar" su pasado.
El presidente de Sortu deberá aclarar, ante el juez, qué quiso decir con estas declaraciones. La formación abertzale y el propio Arraiz ya explicaron que "en ningún momento" se refirió a la "lucha armada" de ETA, sino a la postura que Herri Batasuna adoptó con motivo de la transición española.
PETICIÓN DE ARCHIVO DE FISCALÍA
El Fiscal ha pedido el archivo de las actuaciones al considerar que "la simple apertura de un procedimiento judicial contra una persona que, por su importante función representativa, miembro del Parlamento, está obligada a participar en el debate público mediante la emisión de ideas y opiniones en representación de sus electores, ya supone una afectación al derecho a la libertad de expresión e ideológica".
En su informe, el ministerio público destaca que "el denunciado es una autoridad, como parlamentario, que, por su cargo, debe intervenir en el debate político, no sólo en el Parlamento, sino en otros ámbitos", ya que es presidente de un partido político legal.
El fiscal cree que, "en ese debate, y respondiendo a una pregunta, en la improvisación de la respuesta, a veces, se pueden cometer errores en la expresión, errores" que, en su opinión, no deben confundirse con delitos de enaltecimiento o justificación del terrorismo.
"Creo que no debe valorarse igual un escrito o un discurso leído, tras la debida reflexión, que una respuesta improvisada ante una pregunta en un homenaje legal a dos personas, que además fueron víctimas de actos terroristas", asevera.
