MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo estudia este lunes si aparta al presidente del tribunal que tiene que resolver el recurso presentado por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont contra el cese de su gobierno y la disolución del Parlament en aplicación del artículo 155 de la Constitución.
Se trata del magistrado Jorge Rodríguez-Zapata, contra quien Puigdemont ha interpuesto un incidente de recusación al entender que "carece de imparcialidad" para abordar el recurso contra el Real Decreto del 27 de octubre de 2017 por el que se dispone al cese del que fuera presidente de la Generalitat, en virtud de las medidas autorizadas ese mismo día por el Pleno del Senado como consecuencia de dicho precepto constitucional.
Precisamente, los magistrados de esta misma Sala se reúne este lunes también para estudiar el recurso por el que el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid (Madrid) solicita que se anule el Pleno que falló el pasado mes de noviembre que fueran los clientes quienes asumieran el pago del impuesto sobre actos jurídicos documentados --impuesto sobre hipotecas--, revertiendo el sentido de las sentencias que apenas tres semanas antes una de sus secciones había dictado en sentido contrario.
ALEGA QUE EL MAGISTRADO YA EXPUSO SU CRITERIO "SIN PUDOR ALGUNO"
En cuanto el incidente de recusación de Puigdemont, al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado Jaume Alonso-Cuevillas alega que el magistrado ya expuso "sin pudor alguno" su criterio jurídico sobre la aplicación de dicho precepto constitucional en su libro 'Teoría y práctica del Derecho Constitucional'.
"El citado manual, lejos de resultar un estudio genérico y global sobre las teorías y prácticas del Derecho Constitucional, realiza un especial y llamativo esfuerzo en analizar el artículo 155 de la Constitución y su concreta aplicabilidad a la crisis de 2017 en Cataluña", explica. Este libro, dice el escrito de Puigdemont, el magistrado dijo que la destitución del Govern y disolución del Parlament por el intento de secesión demuestra que el artículo 155 "sirve también de garantía implícita de la misma".
Para el abogado del expresidente, dicho magistrado "ya tuvo, lógicamente, conocimiento del objeto del litigio, formando amplia y claramente su criterio respecto al mismo", además de que se demuestra que tiene interés indirecto en el pleito --en que el criterio, tesis y planteamiento de su libro sea el que adopte la Sala en la sentencia--. Por todo ello, resalta que "su imparcialidad sencillamente es inexistente" y procede que se abstenga de conocer del asunto.
PARCIALIDAD DEL SUPREMO
Alonso-Cuevillas también defiende en dicho escrito que el Tribunal Supremo en su conjunto "carece de imparcialidad para conocer procedimientos que tengan su origen en un conflicto de naturaleza política", y cita el informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO).
En este sentido, alega que el nombramiento de los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo "no se basa en criterios objetivos legalmente previstos, sino que tiene carácter discrecional, al corresponder su nombramiento al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)", cuyos integrantes a su vez son nombrados por las Cortes Generales.
